Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal

“Según el G-20 la tercera industria más grande del mundo es la corrupción: equivale a tres trillones de dólares, algo así como el 5% del PIB mundial. Entre nosotros algunos estudios hablan del 4% del PIB. Lo cierto es que la corrupción está socavando los cimientos de nuestra institucionalidad, limitando la capacidad para proveer bienes públicos que demanda la población más vulnerable y afectando la legitimidad del Estado para exigir los tributos. 

La lucha contra la corrupción necesita que los responsables de este oprobioso delito sean objeto de pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por un término condigno al daño causado. Cuando ello ocurra sin privilegios ni contemplaciones, volveremos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal […] La Fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción”. 

Fragmento del discurso pronunciado por Néstor Humberto Martínez Neira, durante la ceremonia
de posesión como Fiscal General de la Nación. Bogotá, 1 de agosto de 2016.

Casos de impacto nacional 

Odebrecht En una ágil indagación, la Fiscalía General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 y 2014, para la adjudicación de contratos de obra.

Se abrieron 17 líneas de investigación: 1. Investigación matriz. 2. Contrato Ruta del Sol II. 3. Navelena. 4. Banco Agrario. 5. Denuncia contra Cecilia Álvarez y Gina Parody. 6. Contratación en Bogotá (Tunjuelo – Canoas). 7. Compulsas contra aforados. 8. Investigación contra fiscales. 9. Contrato proyecto Hidroituango. 10. Campaña Presidencial Juan Manuel Santos. 11. Campaña Presidencial Oscar Iván Zuluaga. 12. Otto Bula Bula. 13. Gabriel García Morales. 14. Enrique José Ghisays Manzur. 15. Denuncia. 16. Contrato de estabilidad jurídica. 17. Contrato Ruta del Sol III.

Reficar Peculado por más de $610.000 millones.  Se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera.
PAE El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado graves problemas de corrupción con sus recursos. En el Primer reporte de PAE realizado hasta febrero de 2017, fueron identificados 10 casos en Guajira, Atlántico, Cesar, Chocó, Bogotá, Sucre, Amazonas, Magdalena, Huila, Valle del Cauca y Bolívar, de los cuales, entre contratistas y funcionarios, se habrían apropiado de $10.146’690.755.

Un total de 53 personas fueron imputadas por delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y diferentes falsedades documentales.  Al respecto, los jueces impusieron 15 medidas de aseguramiento en centro carcelario y 26 domiciliarias, y en 12 casos los implicados fueron dejados en libertad.

Recobros Fosyga Se investiga una presunta red de funcionarios del Ministerio de Protección Social y del Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA que realizaba cobros mediante empresas fachada. 

El detrimento fue por $17.000´000.000.  El proceso está en juicio oral por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Los investigados están en libertad.

Cartel de la chatarrización FASE I

La Fiscalía desmanteló una red para la chatarrización fraudulenta de 12 mil camiones, operaciones que habrían representado ganancias ilícitas aproximadas a los $600.000´000.000, es decir, $50´000.000 por cada camión.  En esta red, presuntamente, están vinculados funcionarios del Ministerio de Transporte, representantes del gremio de los camioneros e integrantes de la Policía Nacional. 12 de las personas, entre ellas cinco policías, tienen medida de aseguramiento de detención preventiva.

FASE II

Desarticulada estructura vinculada a fraude por más de $6.000.000.000 al proceso de chatarrización de vehículos de carga. La Fiscalía y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron a 10 personas señaladas de falsificar documentos de tránsito, reportar accidentes que no existieron y recibir reconocimientos económicos por concepto de chatarrización. Entre los detenidos hay 8 funcionarios.

En dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial señalada de permear distintos organismos de tránsito y obtener el pago de $6.800.000.000. 

Ecopetrol Red País La Fiscalía investiga cinco convenios celebrados durante 2011 y 2014, entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural por más de $30 mil millones, para realizar proyectos de carácter social en Huila, Meta y Putumayo. El fiscal de conocimiento encontró que los convenios no tenían planeación ni estudios previos, tampoco se ejecutaron pero sí se efectuaron los pagos a favor de Red País Rural.
DIAN La Fiscalía determinó que en 2008, se conformó una estructura delictiva, en la que directivos de la Sociedad Consultores y Asesores R & B S.A.S., con la colaboración de algunos funcionarios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), se confabularon para defraudar al Estado – DIAN, a través de trámites irregulares de devolución del Impuesto sobre la Ventas -IVA-.
Carrusel de la Contratación Un juzgado penal de Bogotá con función de control de garantías envió a la cárcel al expresidente de la firma Conalvías, Andrés Jaramillo López, como presunto coautor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de dolo, en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente.

Andrés Jaramillo López, fue capturado por la Fiscalía en enero de 2017, por presuntas irregularidades en un contrato de mejoramiento de la malla vial en Bogotá. Actualmente, cumple medida de aseguramiento en centro carcelario.

En total, el dinero comprometido en este caso de corrupción ascendería a $253.469.936.294.

POT Investigación relacionada con irregularidades detectadas en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en varias ciudades y municipios del país. En algunos casos estas disposiciones territoriales se han usado para consolidar hechos de corrupción y exigir dádivas a los ciudadanos y a los constructores, o en beneficio de Funcionarios. Actualmente, hay 31 investigaciones.
Panamá Papers El 4 de octubre de 2017, se presentaron los primeros resultados de una en investigación relacionado con el caso denominado Panamá Papers, y quedaron en evidencia irregularidades que sumarían 11 millones de dólares.

En abril de 2016, iniciaron las indagaciones que detectaron presuntas actividades ilegales de diversa índole, a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

En Colombia, la Fiscalía estableció que al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas y falsificaron su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

SALUDCOOP Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción revocó la decisión inhibitoria proferida en noviembre de 2005, y junio de 2006, a favor de Carlos Gustavo Palacino Antia, exrepresentante de la EPS SALUDCOOP.

En ese sentido, cobró vigencia la investigación por anomalías en el manejo de los recursos parafiscales recibidos por la entidad de salud durante 2002 y 2003.

Triple A Está investigación, conocida como caso ‘Lezo’, inició en España y la Fiscalía ha establecido que tiene estrecha injerencia en Colombia con la operación del servicio de acueducto y alcantarillado en Barranquilla (Atlántico), a cargo de la Sociedad Triple A.

Actualmente hay dos líneas de investigación por estos hechos: una que se sigue por  Ley 600, que asocia actuaciones anteriores a 2008; y otra al amparo de la Ley 906.