Alias Lucas habría facilitado la logística y los medios para que una estructura paramilitar asesinara a cuatro personas en el norte de Antioquia. Entre las víctimas estaba un joven con discapacidad cognitiva.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitió resolución de acusación en contra de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, por su posible participación en la denominada masacre de La Granja, ocurrida en zona rural de Ituango, el 11 de junio de 1996.
Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría dispuesto de recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que irrumpieron al corregimiento La Granja y con lista en mano buscaron a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales que delinquían en la región.
Durante el recorrido, el grupo perteneciente al entonces Bloque Mineros asesinó a cuatro personas, entre ellas a una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor.
Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
En el curso de esta investigación la Fiscalía estableció que alias Lucas, desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, planeó y direccionó dineros para que diferentes estructuras de la ACCU ejecutaran homicidios y otras conductas delictivas calificadas como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1994 y 1998.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/HATP/DECVDH/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
