La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio a dos empleados y un contratista de la Fiduprevisora S.A., identificados como Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar y Javier Alexander Colmenares Ardila, quienes fungieron como encargados de la liquidación de la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca).

De acuerdo con el escrito de acusación, tanto Parra Satizábal como Cortés Pomar  y Colmenares Ardila, este último como contratista, responderán por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en calidad de coautores.

Se les señala de incidir ante la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), para que fueran levantadas unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la ciudad de Mompox (Bolívar), respecto a 10 lotes en embargo ubicados en la isla de San Andrés y Providencia.

Los hechos se originaron en el año de 1998 cuando Corelca amplió sus redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, sobre predios de particulares.

En el año 2000, un total de 63 familias afectadas demandaron civilmente a Corelca, y 13 de ellas lograron que la empresa fuera condenada y obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por catorce mil millones de pesos.

Según el fiscal del caso, los hoy procesados —a nombre de la empresa liquidada— habrían solicitado de forma irregular el desembargo de estos bienes, para ser anexados al trámite de liquidación.

Dentro del trámite de la audiencia pública, la defensa de los procesados, excepto el de Gerardo Mauricio Cortés Pomar, consideró que el juicio debe surtirse en la ciudad de Barranquilla o Cartagena en donde sucedieron los hechos.

Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el juicio debe ser tramitado en la capital de la República, pues fue allí en donde se ejecutó el delito así se haya consumado en otro lugar, y que además, es en Bogotá donde tiene la razón social el liquidador, es decir la Fiduprevisora.

Entretanto, el conflicto de competencias para establecer el lugar y juez penal del circuito que resuelva el proceso,  será definido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

CMRM/DLBM

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