La víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue torturada durante cinco horas, asesinada y posteriormente su cuerpo arrojado a un río.
Por su presunta participación en la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años en una base militar de Frontino (Antioquia), en hechos ocurridos el pasado 7 de octubre, fueron judicializados y asegurados en centro de reclusión nueve integrantes del Ejército Nacional.
Se trata del teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó a estos servidores, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal, desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada.
Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre murió en un baño. El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y posteriormente arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue ubicado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El dictamen estableció que los actos de tortura fueron la causa de la muerte.
La medida de aseguramiento deberá cumplirse en una guarnición militar.
Esta información se publica por razones de interés general.
LFML/AMCJ/JARG/GC/DSA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
