La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Diana Marcela Mora Tabares, de 39 años, señalada del homicidio de un hombre en zona rural de Tuluá (Valle del Cauca).

En la fotografía se aprecia de pie y con los brazos atrás a Diana Marcela Mora Tabares. Viste con blusa de color negro, manga corta y cuello; legis rosado con estampados negros y zapatillas de color negro. A su izquierda hay un servidor del CTI de la Fiscalía y a su derecha un uniformado de la Policía Nacional. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Fiscalía.
Diana Marcela Mora Tabares, se habría ganado la confianza de la víctima para engañarla y posteriormente, asesinarla, en zona rural de Tuluá (Valle del Cauca).

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a Mora Tabares los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones, ambos agravados. La ahora procesada fue capturada, el pasado 31 de enero, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la investigación, el crimen atribuido a la investigada ocurrió el 17 de agosto de 2024 en el corregimiento Matecito, jurisdicción de Tuluá (Valle del Cauca). Al parecer, la mujer fue contratada para ganarse la confianza de la víctima, y así llevarla a un despoblado donde fue golpeado, asfixiado y posteriormente impactado en la cabeza con un disparo. El cadáver fue hallado en el baúl de un vehículo.

Las labores de policía judicial permitieron determinar la plena identidad de Mora Tabares. El juez, al acoger la solicitud de la Fiscalía, impuso a la procesada medida de aseguramiento en centro carcelario.

MAP/DSVC/MAGA/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.