La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida restrictiva de la libertad en centro de reclusión para Johan Julián Rivera González, quien sería el presunto responsable de la muerte de quien era su compañera sentimental el pasado 10 de julio en Pitalito (Huila).

Los hechos materia de investigación se registraron en el  barrio Rodrigo Lara Bonilla, donde en medio de una riña el procesado al parecer le propinó varias heridas con arma cortopunzante a la mujer de 21 años, quien falleció en el hospital por un paro cardio respiratorio.

Tras los hechos la Fiscalía solicitó la legalización de captura  en contra del presunto responsable pero un juez con función de control de garantías decretó la ilegalidad pues no fue capturado en flagrancia, por lo que se ordenó su libertad.

Este 12 de julio la Fiscalía solicitó la declaratoria de contumacia que fue avalada por el juez competente y formuló imputación a Rivera González como presunto autor de delito de feminicidio.

Como consecuencia de la medida de aseguramiento que impuso el juez, se libró orden de captura en contra del hoy investigado y uniformados de Policía Nacional en coordinación con Ejército Nacional la hicieron efectiva ayer en la vía Orrapihuasi – Vergel – Florencia (Caquetá), jurisdicción del municipio de Suaza (Huila).

En las últimas horas un juez decretó legal la captura para cumplir la medida impuesta.

La Fiscalía General de La Nación habla con resultados.

También le puede interesar:Asegurado hombre por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de su pareja sentimental y el homicidio de sus dos hijastros

 

 

LMGM/CFG/DFHI/DSH

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.