Bogotá, 21 de abril. Luego de seis meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación se incautó de 24 dragas utilizadas por particulares para la exploración y explotación ilegal de oro en el departamento del Chocó, causando un grave daño al medio ambiente de la región.

Así lo dio a conocer el Fiscal General, quien reconoció que esta investigación, la primera que se adelanta por contaminación ambiental en la historia judicial del país, "fue promovida por el Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas, y con el concurso de la Procuraduría, el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y El Ejército Nacional”

Las diligencias judiciales fueron realizadas en varios puntos sobre la ribera del Río Quito, en jurisdicción de las cabeceras municipales de Paimadó y Manugrú, donde funcionaban las dragas sin los permisos ambientales y títulos mineros necesarios para ejecutar esa actividad.

Los operativos fueron ordenados por un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, dentro de una investigación que adelanta por concierto para delinquir, explotación ilegal de yacimiento minero y contaminación ambiental.

La incautación de la maquinaria fue efectuada por agentes del CTI con el apoyo de efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, que brindaron apoyo logístico y de transporte a la comisión judicial. En las diligencias también estuvieron presentes funcionarios del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, procuradores delegados para el medio ambiente y representantes del Ministerio de Minas y Energía.

En desarrollo del proceso, peritos del CTI se desplazaron a la región y establecieron, luego de tomar muestras tomadas al río, que las personas que habitan en los sectores donde funcionan las dragas están expuestas a enfermedades por contaminación de las aguas. También concluyeron que la región sufre una grave contaminación ambiental indiscriminada y una destrucción progresiva y masiva de su flora y fauna.

Iguarán Arana dijo que este proceso marca una importante ofensiva en la lucha “contra aquellos que atentan contra la salud individual, pública y contaminan el ambiente, afectando la flora, la fauna, los recursos hidrobiológicos, entre otros”.

Esta investigación se adelanta en el marco del convenio interadministrativo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación , el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeominas y la Procuraduría General de la Nación suscrito en agosto de 2007.

El convenio tiene como objetivo unir esfuerzos humanos, técnicos y logísticos para el diseño e implementación de estrategias tendientes a la prevención, detección y sanción que permita la erradicación de la minería ilegal en el territorio colombiano. Precisamente, la incautación de esa maquinaria se convierte en uno de los golpes más contundentes propinados por la Fiscalía a las industrias ilegales que afectan el medio ambiente.

La Fiscalía presentó las diligencias realizadas ante un Juez de Control de Garantías de Quibdó, para que ejerciera el control de legalidad. Actualmente las dragas son trasladadas a la capital del Chocó por vía fluvial, bajo cadena de custodia policial.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, en el año 400 hectáreas de bosque son taladas para el desarrollo de esa actividad ilícita, 3.7 toneladas de mercurio son vertidos en suelos y ríos afectando la salud y el medio ambiente, 250 mil toneladas de sedimento son aportadas por efectos del proceso erosivo y 35 mil galones de aceites y de combustibles son usados por ese tipo de maquinaria industrial.

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