Bogotá, 13 de mayo. Por solicitud de un fiscal seccional de esta ciudad, el Juez 40 Penal del Circuito condenó a ocho años y cuatro meses de prisión a Fabián Guillermo Martínez Galindo, Edgardo Ríos Alvarez, Blasco Díaz Ortiz y Gildardo Ballestas Cowan, como coautores de tráfico de migrantes.

Luego de seis meses de investigación, la Fiscalía comprobó que esas personas integraban una red que traficaba con personas de origen asiático, y que utilizaba a Colombia como puente para su envío a Estados Unidos, donde eran radicadas ilegalmente.

Los tres condenados y otras nueve personas fueron aprehendidos por agentes del DAS el 28 de noviembre último, en operativos realizados en Bogotá, Zipaquirá (Cundinamarca), Cartagena y San Andrés.

El rastro de la organización era seguido por la Fiscalía desde abril de 2007, luego del hallazgo de hogares de paso en Bogotá y en Zipaquirá donde se alojaba un número indeterminado de orientales, que ingresaron al país en el primer trimestre de 2007.

La Fiscalía estableció que los miembros de la organización cumplían diferentes funciones, que iban desde la recepción de las personas en el aeropuerto Eldorado, hasta su ubicación en hoteles de paso en Bogotá, y en viviendas alquiladas para tal fin en Zipaquirá, la mayoría de ellas.

También había encargados para custodiar a los inmigrantes, para tramitar documentos, para comprar tiquetes, para falsificar pasaportes y para movilizarlos en Colombia.

El Itinerario

Según lo establecido, a los pocos días de estar en Bogotá, los ciudadanos orientales eran trasladados a Cartagena por vía terrestre, donde los miembros de la red tenían ubicados por lo menos cuatro sitios fijos para instalarlos transitoriamente.

La investigación del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual , apoyada por el DAS, permitió determinar que luego de una corta permanencia en Cartagena, los extranjeros eran enviados por vía marítima a San Andrés Isla, de allí pasaban a Nicaragua, de donde finalmente salían a Estados Unidos.

En su decisión, el Juez también impuso multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de los condenados. A excepción de Edgardo Ríos, a quien se le concedió la detención domiciliaria por ser padre cabeza de familia, los tres restantes se encuentran privados de la libertad en reclusorios.