Bogotá, 27 de junio. No menos de un centenar de personas muertas y 600 familias desplazadas es el balance elaborado por Justicia y Paz, sobre la incursión paramilitar al corregimiento de El Salao, jurisdicción de Carmen de Bolívar (Bolivar), en febrero de 2000, cuyos hechos fueron reconstruidos por esa Unidad Nacional, para establecer con mayor exactitud los efectos de la cruenta acción.

Según el informe los cabecillas de las autodefensas ilegales que tuvieron responsabilidad en la masacre fueron: Salvatore Mancuso, alias ‘Santander Lozada', y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40' , extraditados a Estados Unidos, así como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre'; Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena, y Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique', jefes de los bloques Norte y Héroes de los Montes de María, respectivamente.

La masacre inició el 15 de febrero de 2000, cuando un grupo de 150 hombres se movilizaron en camionetas de estacas hasta la localidad de Guamo (Bolívar). Posteriormente, la primera sección de paramilitares que se dirigió a El Salao, conformada por 30 hombres y encabezada por alias ‘Juancho Dique', asesinó a 30 personas en dos días.

“Durante la noche del 16 y la tarde del 17 de febrero los paramilitares llegaron a los poblados de Canutal Canutalito, Flor del Monte, jurisdicción de Ovejas (Sucre) –en cercanías a El Salao-, acompañados de un helicóptero”, con el fin de encerrar a la población, sostiene el informe.

A su llegada al corregimiento, viernes 18 de febrero, el grupo de autodefensas reunió en la cancha de microfutbol, frente a la iglesia, a 38 personas, que fueron torturadas con sogas, y luego asesinadas con tiros de gracia o degolladas, según los victimarios, por ser auxiliadoras de la guerrilla.

En la incursión, los atacantes saquearon establecimientos comerciales, abusaron sexualmente de algunas mujeres, las obligaron a preparar comida, dejaron morir a una menor deshidratada y amenizaron con música la “orgía criminal paramilitar” que se realizaba, señala el documento.

El informe indica también que “esta ola de muerte estuvo acompañada del sobrevuelo de helicópteros que ametrallaron en los alrededores del corregimiento y dentro del poblado”, y agrega que la acción criminal habría contado con la complicidad del Batallón de Infantería No. 5, Bafim, que nunca llegó al sitio de los hechos.

Víctimas

La Unidad Nacional para la Justicia y la Paz ha recepcionado un número aproximado de 520 formatos de registro diligenciados por víctimas directas e indirectas de la masacre, quienes han denunciado homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, hurto de bienes y ganado, terrorismo e incendio en bien ajeno.

Por otra parte, la Fiscalía recibió el testimonio que rindió una presunta víctima de la masacre identificada como Orlando José Arrieta Catalán, quien entregó información sobre un desplazamiento falso e informó la desaparición de su hija menor (quien resultó ser su hijastra), que supuestamente se encontraba sepultada como N.N.

Sin embargo, labores investigativas determinaron que la pequeña estaba viva y que residía en el barrio Los Laureles de Carmen de Bolívar. Así mismo se estableció que la menor era explotada de diferentes maneras por su padrastro, situación que fue puesta en conocimiento del ICBF.

Arrieta Catalán quedó a disposición de la Fiscalía Local de Carmen de Bolívar.