ACUSADAS SEIS PERSONAS POR CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
EN MONTERREY (CASANARE)
Bogotá, 11 de abril.- Irregularidades halladas en la ejecución de cuatro contratos firmados por la Alcaldía de Monterrey (Casanare) entre 2006 y 2007, llevaron a la Fiscalía a dictar resolución de acusación en contra de seis personas relacionadas con los mismos.
La decisión de la Fiscalía afecta a Carlos Julio Landínez Espitia, secretario de Planeación de Monterrey, como presunto responsable de concierto para delinquir agravado, en concurso con peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
También fueron acusados: Víctor Manuel Moya Mora, contratista del municipio de Monterrey; Gabriel Adolfo González Hoyos, almacenista en la alcaldía de Aguazul (Casanare); Claudia Lily Fonseca Orduz, ingeniera ambiental contratista de Aguazul;, José Constantino Bilvao, representante legal de una empresa contratista; y Tonny Arambula Rosas, interventor en uno de los contratos investigados; como presuntos responsables de peculado por apropiación, en concurso con celebración indebida de contratos y falsedad ideológica en documento público. Los procesados ocupaban esos cargos para la época en que ocurrieron los hechos.
En su investigación el fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción descubrió anomalías en la ejecución de cuatro contratos, como: ausencia de antecedentes en las convocatorias, incumplimiento en los términos estipulados para cumplir con los mismos, descuido de los interventores frente al desarrollo de los contratos y análisis de conveniencia y oportunidad incompletos o sin las motivaciones de rigor.
Los hechos investigados se desprendieron de las denuncias formuladas por concejales de Monterrey en 2006, respecto a irregularidades presentadas en la contratación de ese municipio y de compromisos de alcaldes de la región con el grupo paramilitar liderado por alias “Martín Llanos”.
Por esos últimos hechos un fiscal de la citada Unidad Nacional acusó el 18 de enero último a seis alcaldes de igual número de municipios de Casanare, procesados como supuestos responsables del delito de concierto para delinquir.