Bogotá, 14 de marzo. La Fiscalía General de la Nación retomará la investigación que adelantaba contra el general (r) del Ejército, Farouk Yanine Díaz, y otros dos militares en retiro, por la desaparición y muerte de 19 comerciantes, en hechos ocurridos en el Magdalena Medio en octubre de 1987.
Así lo decidieron los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver una acción de revisión contra el auto proferido el 17 de marzo de 1998 por el Tribunal Superior Militar que confirmó la cesación del procedimiento penal contra el General (r) y los otros militares investigados por esos sucesos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue adoptada luego de una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoció el caso por denuncia instaurada por la Comisión Colombiana de Juristas como consecuencia de la decisión proferida por la Justicia Penal Militar.
“Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia comprueban que la Fiscalía realmente tenía la competencia y la convicción, esto es, la prueba, para adelantar la investigación en aras de evitar la impunidad”, dijo el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, al conocer la decisión de los magistrados”.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó al Estado colombiano a investigar efectivamente los hechos ocurridos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de los comerciantes.
El organismo multilateral también exigió que se determine con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y si es posible, entregarlos a sus familiares. En uno de sus apartes señaló la necesidad de que tribunales penales ordinarios competentes sean los que investiguen y sancionen a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos.
Fiscalía asumió investigación
En su momento la Fiscalía asumió la investigación y dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, en contra del general (r) Farouk Yanine Díaz, del teniente coronel (r) Hernando Navas Rubio, del mayor (r) Oscar de Jesús Echandía Sánchez y del sargento primero (r) Otoniel Hernández Arciniegas, por auxiliar a grupos paramilitares, por secuestro y por homicidio múltiple.
Durante la investigación, la defensa de Yanine Díaz promovió una colisión de competencias entre las jurisdicciones común y penal militar, resuelta a favor de la segunda por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 26 de noviembre de 1996.
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia invalidó las decisiones proferidas por la Justicia Penal Militar tanto en primera como en segunda instancia, y ordenó la remisión del proceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que continúe la investigación. Precisó, además, que la acción de revisión no aplica para el teniente coronel (r) Navas Rubio, debido a su fallecimiento el 23 de junio de 2002.
Así mismo, según el alto Tribunal la desaparición forzada de personas es delito de lesa humanidad no sujeto a prescripción.
Por la desaparición y muerte de los comerciantes la Fiscalía también procesó a los siguientes particulares: Nelson Lesmes Leguizamón, Marcelino Panesso Ocampo, Wilson de Jesús Baquero Agudelo, Luis Alberto Arrieta Morales, Waldo Patiño García, Jairo Iván Galvis Brochero, Lanfor Miguel Osuna, Diego Viáfara salinas y Luz Marina Ruiz de Pérez, quienes en providencias del 7 de marzo de 1996, 12 de marzo de 1997 y 10 de agosto de 1999 fueron acusados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y huerto calificado agravado.
De acuerdo con lo establecido, 17 comerciantes que se desplazaban de Cúcuta a Medellín en dos camiones, un campero y un taxi con mercancía de diversa índole desaparecieron en un punto del Magdalena Medio. Posteriormente, otras dos personas que fueron hasta la zona para averiguar lo ocurrido, corrieron igual suerte.
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