Bogotá, 28 de agosto.- Con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, fue definida por un fiscal de Derechos Humanos y DIH la situación jurídica de cuatro militares que presuntamente intervinieron en el crimen de un campesino.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2007 en la vereda Los Lirios, jurisdicción municipal de Aguazul (Casanare), donde Alcides Castillo Fonseca, quien salió al encuentro de una misión médica para guiarla, desapareció tras escucharse disparos en la zona donde operaba el Ejército.

La esposa de Castillo Fonseca al no tener noticias suyas fue hasta Aguazul, y luego de averiguar con la Personería y el CTI reconoció a su esposo cuando le mostraron fotos del levantamiento del cadáver.

Por esos hechos, el fiscal instructor sindicó a Marco Fabián García Céspedes, subteniente, Eliécer Cervera Quiñonez, suboficial, y los soldados profesionales Nelson Javier González Jejen y Carlos Andrés Díaz Tamayo, como supuestos responsables de homicidio agravado.