La celebración de ocho contratos, en 1998, entre la Secretaría de Educación del Cesar y empresas ficticias constituyó uno de los casos de corrupción más alarmante de ese departamento.

Marlene Zuleta Gutiérrez, en calidad de secretaria de Educación, declaró urgencia manifiesta y obtuvo una partida de 1.200 millones de pesos. Con ese dinero Zuleta Gutiérrez celebró de manera directa ocho contratos de suministro con empresas ficticias.

Para la adquisición de 28 computadores se contrató a Marcos Bautista León, supuestamente representante de la empresea Nappa Trading Company Importaciones Ltda. Con la empresa Papelería 2000 Ltda de propiedad de Luis Becerra Vega se celebró un contrato para el suministro de 4.100 pupitres

Por el suministro de 75 impresoras y otros equipos de oficina, la Secretaría contrató a Ceiche Internacional Ltda, representada por José Silvio Cuéllar Andrade. Con Jorge Orduz Guanumme se contrató para la adquisición de 42 computadores.

La Secretaría también celebró contratos con Juan Alberto Castañeda González para la adquisición de 265 sillas y 300 mesas, y con Libardo Alfonso Prieto Forero para el suministro de 1.548 mesas unipersonales.

Para la adquisición de 36 proyectores y 20 retroproyectores se celebró un contrato con Ayda Patricia Murcia López, y con Neftalí Campos Rojas, representante de Muebles y Equipos, se contrató para el suministro de 120 escritorios y 110 archivadores.

Por esas irregularidades, un fiscal seccional de Valledupar dictó medida de aseguramiento en contra de Alfonso Prieto Forero, Juan Alberto Castañeda González, Omar Jorge Orduz Guanume, José Silvio Cuéllar Andrade, Luis Becerra Vega, Marcos Bautista León y Ayda Patricia Murcia López, como probables responsables del delito de interés ilícito en la celebración de contratos.

En la misma decisión, el fiscal instructor se abstuvo de asegurar a Neftalí Enrique Campos Rojas.

La Fiscalía determinó que Marlene Zuleta celebró estos contratos sólo para favorecer a las personas antes mencionadas. Pos estos hechos, en abril de 2001 la ex secretaria de Educación fue condenada a 6 años de prisión por interés ilícito en la celebración de contratos y en la actualidad está prófuga de la justicia.