Las acciones terroristas ejecutadas el 7 de agosto de 2002, durante la posesión presidencial, motivaron la acusación en contra de dos personas como presuntas coautoras de tentativa de homicidio agravado.

Ese día, cohetes activados desde los barrios Pontevedra y Santa Isabel de Bogotá provocaron la muerte de 27 personas, heridas a otras 10 y daños en inmuebles.

Los acusados por un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, son: Henry Leal Segura y José Libardo Ramírez, quienes en este proceso ya fueron condenados por homicidio múltiple agravado, terrorismo agravado y rebelión, junto a otras cuatro personas.

Los investigadores lograron determinar que tanto Leal como Ramírez hicieron parte de una estructura jerarquizada, en la que cada miembro sabía su papel y conocía los objetivos finales.