Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción profirió resolución de acusación contra Guillermo Enrique Hoesnigsberg Bornacelly, ex jefe de la Oficina de Presupuesto de Barranquilla y actual Alcalde de esa ciudad; Oswaldo Ernesto Saavedra Ballesteros, ex secretario de Hacienda; Arturo Enrique Vargas Nucci, ex tesorero; Alcibiades Bustillos Cervantes, interventor; y Fernando Jorge Thorne Brown, contratista, dentro del proceso que se adelanta por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en 1993 cuando el entonces alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya celebró un contrato con Fernando Jorge Thorne para la remodelación interna y externa del edificio de la Alcaldía, edificio que había sido comprado al Banco de la República por 500 millones de pesos.

El contrato se celebró por un valor de 1.490 millones de pesos, y una vez firmado el contratista recibiría el 40 por ciento del valor total y el 60 por ciento restante se pagaría contra actas de recibo parcial de obra. Sin embargo, en 1994, y sin que hubiese iniciado la obra, Thorne Brown ya había recibido 1.400 millones de pesos, es decir, el 94 por ciento del precio total de la contratación.

En ese mismo año y cinco meses después de que el contratista recibiera la suma antes mencionada, la administración distrital aprueba la adición de 1.500 millones de pesos al contrato inicial, dinero que de acuerdo con el contratista hacía falta para la culminación de la obra.

Para ese entonces, Guillermo Enrique Hoesnigsberg Bornacelli se desempeñaba como jefe de la Oficina de Presupuesto de Barranquilla y tuvo a su cargo la entrega de estos dineros, participando además en la selección del contratista como miembro del comité correspondiente.

Posteriormente, en mayo de 1998, cuando nuevamente se desempeñaba como alcalde el padre Bernardo Hoyos Montoya, la administración pagó cerca de 3.500 millones de pesos al contratista Thorne Brown bajo la figura de --arreglo directo--; suma reclamada por el contratista por concepto de pago de intereses que se le adeudaban y mayores cantidades de la referida obra.

Por estos últimos hechos, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Guillermo Enrique Hoenigsberg Bornacelly, quien se desempeñó como secretario general de Barranquilla en 1998,; Bernardo Hoyos Montoya, ex alcalde de Barranquilla; Oswaldo Ernesto Saavedra, ex secretario de Hacienda; Alcibiades Bustillo Cervantes, interventor; y Fernando Jorge Torne Brown, contratista.

Esas personas fueron aseguradas por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La Fiscalía encontró elementos objetivos para dictar medida de aseguramiento, sin embargo, se abstiene de hacer efectiva la reestricción de libertad en atención a los postulados de la sentencia constitucional No. 774 de 2001, según la cual siendo la libertad una garantía constitucional y la regla general, sólo puede ser afectada en la medida en que la persona represente un peligro para la comunidad, no esté en capadidad de garantizar su comparecencia al proceso o afecte con su permanencia con el cargo público el recaudo probatorio.

Anteriormente este beneficio le fue reconocido a los hoy acusados y a la fecha de estas decisiones no hay elementos de juicio que determinen la necesidad de variar la condiciones de libertad de los mismos.