Un fiscal de segunda instancia revocó la resolución de acusación en contra del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y en consecuencia ordenó su libertad y precluyó la investigación que se le adelantaba por el delito de concierto para delinquir.

El fiscal de segunda instancia consideró la existencia de dudas sobre la responsabilidad penal de Suárez Corzo, porque, según su criterio, las pruebas recopiladas no eran suficientes para acusar. Además, conceptuó que no existían otras pruebas pertinentes por practicar.

La decisión del fiscal de segunda instancia coincidió con el alegato previo de la calificación de la investigación presentado por el Ministerio Público que solicitó la preclusión de la instrucción.