El alcalde de Riohacha, Wilder Antonio Ríos Rojas, fue acusado como presunto coautor responsable de concierto para delinquir con fines de fomento y financiación de grupos armados al margen de la ley y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La decisión judicial adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo también afectó por las mismas conductas punibles a Luz Dary de Jesús Castrillón Salazar. Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales fueron acusados: Doris Esther Mejía Guerra,jefe de oficina de centralización en Salud; Walter Jesús Cardona Camargo, secretario de Hacienda; Nellys del Carmen Fuenmayor López, asesora jurídica del municipio; Oscar Gómez Moscote,jefe de Contratación; y Dora Luz Ospina Peñaranda y Jaridis Móvil Moreno, asesores externos.

La Fiscalía estableció las irregularidades presentadas en el traslado masivo de 16 mil indígenas del régimen subsidiado en salud a la empresa Asociación Indígena del Cauca- AIS-E.P.S. INDIGENA (EPSI), mediante contrato celebrado el 1 de abril de 2004 entre el representante legal del municipio de Ríohacha y esa ARS.

Durante la investigación en la que hubo acopio de testimonios y pruebas técnicas, se estableció que para permitírsele el funcionamiento en jurisdicción de Ríohacha a la citada ARS se le exiguió el pago de 148 millones de pesos al grupo de autodefensas ilegales comandado por alias --Jorge 40--. En tal maniobra habría intervenido Castrillón Salazar, alias -- La Tía--, presunta mediadora con el grupo armado al margen de la ley.

Así mismo, con el traslado masivo de beneficiarios fueron contrariadas normas legales y administrativas. A los procesados Mejía Guerra, Cardona Camargo, Fuenmayor López, Ospina Peñaranda, Móvil Moreno y Gómez Moscote les fue sustitutida la medida de aseguramiento por la detención domiciliaria.

El funcionario instructor ordenó, además, prosiguir la acción penal en contra de Castrillón por su posible participación en el delito de extorsión.