El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar condenó a Hugo Reynel Alvarez Sánchez, ex alcalde del municipio de Pueblo Bello (Cesar), a 80 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Así mismo, Álvarez Sánchez deberá pagar 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos en los siguientes 6 años.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de Valledupar, entre octubre de 2002 y mayo de 2005, el entonces alcalde Hugo Álvarez celebró 12 órdenes de suministro para la optimización del acueducto del municipio, sin realizar la respectiva licitación pública como se ordena en el artículo 24 de la ley 80 de 1993.

El ex alcalde se ecnuentra privado de la libertal en la cárcel judicial de Valledupar.

CASO JAGUA DE IBIRICO

En otro proceso, un fiscal seccional de Valledupar dictó nueva medida de aseguramiento contra el alcalde de la Jagua de Ibirico (Cesar), Osman Enrique Mojica Cuadros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica de documento.

Por estos delitos también fueron asegurados los contratistas Leonardo Liz Taite Cantillo, Edilberto Enrique Montes López y César Augusto Guette Vega.

El 5 de abril de 2004, el alcalde Mojica Cuadros celebró un contrato con Leonardo Liz Taite Cantillo para la depuración y reducción de aportes a la seguridad social por parte del personal de la Alcaldía, desde 1995 hasta el 30 de abril de 2004.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el contratista seleccionado no contaba con la idoneidad para hacer esta labor y se encontró que dos de las tres propuestas que hicieron parte del concurso para la adjudicación son falsas. Así mismo, no se registraron las hojas de vida de los proponentes y tampoco se contó con una base de datos para que el contratista desarrollara su labor eficiéntemente.