La persona que ha sufrido algún daño directo como consecuencia de un delito, sin importar que exista un grado de consanguinidad con el delincuente o se capture o condene a éste, es conocida como víctima.

“Un aspecto crucial, que marca gran diferencia con el modelo de proceso penal anterior: es el referente a la posición y el papel de las víctimas. De la invisibilidad, la víctima pasa en el nuevo Código al reconocimiento pleno de sus derechos. De la noción limitada de la parte y la acción civil se pasa el enfoque de la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la comisión del delito, pudiendo promover el incidente respectivo en cuanto sea de su interés.” *

Es deber de la Fiscalía General de la Nación adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal o familiar del ofendido, así como evitar que se incurra en ataques a su intimidad o dignidad.

La víctima también tiene derecho que le presten asistencia jurídica y social desde la comisión del delito, a conocer el lugar y el modo de presentar una denuncia, así como el trámite dado a ésta; las organizaciones que le apoyan gratuitamente y el tipo de servicios y asesorías que prestan; las condiciones para pedir protección; los requisitos para acceder a una indemnización; ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, y a conocer la fecha en que tendrá lugar el juicio oral, la pena y sentencia.

En todas las fases de la actuación penal, la víctima tiene la posibilidad de participar. Para el ejercicio de sus derechos no es necesario contar con un abogado pero a partir de la audiencia preparatoria el ofendido debe asistirse legalmente de un profesional del derecho o en su defecto apoyarse en un consultorio jurídico. En todo caso la víctima debe ser tratada con respeto de su situación y en casos extremos el juez podrá decretar al punto que el juez puede decretar que su intervención en el juicio sea a puerta cerrada.

* Nuevo Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004. Sistema Penal Acusatorio. Una política criminal para la lucha contra la impunidad en un marco reforzado de derechos. Rafael Santos Calderón y Mauricio González Cuervo, Corporación Excelencia en la Justicia. pp 33 – 34, Legis, Bogotá.