Redactar un nuevo Código de Procedimiento Penal, así como modificar el Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, la Reglamentación del Sistema Nacional de Defensoría y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia fue necesario para esta reforma al sistema penal colombiano.

La tarea estuvo a cargo de la Comisión Constitucional Redactora presidida por el Fiscal General de la Nación e integrada por el Ministro del Interior y Justicia, el Procurador General de la Nación, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras y tres miembros de la academia designados con el Gobierno Nacional.

Es esta Comisión la que también hará el seguimiento para la implementación gradual del régimen procesal pena que comenzará el 1° de enero de 2005 en los distritos judiciales de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira. En 2006 iniciará en Cali, Buga, Medellín, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Yopal, Bucaramanga y San Gil y así paulatinamente en el resto del país hasta el 31 de diciembre de 2008. La nueva normativa será aplicable solamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia establecida por la ley.

Los procesos que entren antes del 1 de enero de 2005 seguirán el trámite actual, los posteriores a esa fecha se trabajarán con el nuevo sistema; un grupo de funcionarios se encargará de asumir las nuevas investigaciones y otro continuará con los procesos a la fecha.

En este nuevo tipo de proceso penal el juez, luego de escuchar a ambas partes por igual, dictará un fallo objetivo y basará su decisión en el material probatorio y las tesis planteadas por acusador y defensor de culpabilidad e inocencia, respectivamente.

El fiscal cumplirá la función de acusador y como tal estará en la obligación de buscar los elementos materiales probatorios. Trabajará con la policía judicial, coordinará, dirigirá y controlará la investigación y defenderá la acusación ante el juez basándose en el análisis y presentación de pruebas incriminatorias.

La oralidad es una de las principales diferencias del nuevo sistema frente al actual, cuyo fundamento reside en la cultura manuscrita, otros cambios de trascendencia se relacionan con la privación de la libertad, los derechos de las víctimas y las garantías de los procesados, los papeles de los intervinientes y las etapas del proceso penal; aspectos que serán tratados en futuras entregas de Nueva Justicia: Sistema Acusatorio.