Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento en contra de Silvia Márquez Ariza y Luis Norberto Urrego Cano, como presuntos responsables de actos de terrorismo, homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, destrucción de bienes protegidos y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos.

La decisión judicial está relacionada con los hechos ocurridos el 25 de enero de 2002 en el barrio Fátima de Bogotá, donde la activación de una bicicleta bomba costó la vida a cinco y personas, entre ellas la menor Johana Zárate Villa, y dejó heridas a otras diez. El artefacto explosivo fue dejado en un restaurante situado frente a la Estación Sexta de Policía.

Ese mismo día, fueron desactivadas dos bombas más en otros sitios de la ciudad, una adicionada a una bicleta y la otra camuflada en un carrito de mercado.

De acuerdo con lo establecido por las investigaciones Urrego Cano, alias "Tusterrata", habría sido el responsable de preparar los explosivos utilizados en las acciones terroristas. Así mismo, Márquez Ariza, alias "Paola", fue señalada por varios testigos como una de las participantes en tales hechos.

Tanto Urrego Cano como Márquez Ariza integraban presuntamente una célula de la Red Urbana Antonio Nariño -RUAN- de las FARC. Los asegurados están privados de la libertad en reclusorios de Bogotá.