La plena identificación de varias de las víctimas de la masacre de Bojayá, el aseguramiento de los integrantes de la cúpula de las Farc y la inminente judicialización de más guerrilleros, son algunos de los avances científicos y penales logrados por la Fiscalía General de la Nación desde mayo de 2002, cuando un centenar de personas perdieron la vida en medio de los combates librados entre guerrilla y autodefensas ilegales.

Las averiguaciones a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, también avanzan en el establecimiento de la identidad de los miembros de las autodefensas ilegales, como posibles partícipes en tales acciones. Los fiscales mediante declaraciones y reconocimientos fotográficos identificaron a otros 20 subversivos de las Farc y trabajan en su individualización, tras lo que serán judicializados.

Durante los últimos 12 meses las investigaciones desarrolladas permitieron asegurar en calidad de coautores intelectuales a Pedro Antonio Marín, Guillermo León Sáenz Vargas, Rodrigo Londoño Echeverry, Luciano Marín Arango, Noel Matta Matta, Jorge Enrique Briceño Suárez, Luis Edgar Devia Silva y Juvenal Ovidio Palmera. La medida fue proferida el 14 de febrero de 2003.

Esos integrantes de la cúpula insurgente están sindicados de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, rebelión, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario, y destrucción y utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto.

Por los mismos delitos, pero en calidad de coautores materiales están asegurados Luis Oscar Üsuga Restrepo, John Fredy Antonio Tuberquia Zapata y Jhoverman Sánchez Agudelo, comandante del frente 58, asegurado en agosto de 2002.

LABOR CIENTÍFICA

Por otra parte, la exhumación de los cuerpos hallados en una fosa común a pocos minutos de la cabecera municipal de Bojayá, finalizada el 16 de junio, permitió establecer que los pobladores sepultaron a 74 víctimas.

Durante la exhumación a cada cadáver le fueron extraídas muestras óseas para su identificación por ADN, mediante cotejos con las muestras de sangre obtenidas de los parientes. Hasta la fecha han sido identificados 26 cuerpos.

El trabajo en el que intervienen antropólogos, médicos, odontólogos y bacteriólogos forenses adscritos a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses proseguirá hasta establecer la plena identidad de las víctimas.

Así mismo, las inspecciones judiciales realizadas, la valoración de los sitios, el levantamiento planimétrico y topográfico, los estudios balísticos y la diagramación de trayectorias, constataron que fueron lanzados cinco cilindros-bomba, dos de los cuales explotaron entre las viviendas y un tercero en la iglesia, donde se refugió parte de la población durante los enfrentamientos entre la guerrilla y las autodefensas ilegales. La utilización de esos medios de guerra vulneró profundamente la normativa humanitaria.