Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación en contra de Marco Antonio Rincón Jurado, intendente de Policía, y Jhovany Velásquez Zambrano, integrante de las autodefensas ilegales, en desarrollo del proceso que se adelanta por los hechos ocurridos en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, que costaron la vida a 11 personas.

Rincón Jurado fue acusado como presunto coautor de homicidio agravado, tentativa de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir en la promoción de grupos armados al margen de la ley. Velásquez Zambrano deberá responder antes los jueces por los dos primeros delitos citados.

De acuerdo con lo establecido, el 17 de julio de 1999 entraron a Tibú varias personas armadas y uniformadas que se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas. Luego, hicieron salir a varios habitantes de los establecimientos públicos donde se hallaban, los obligaron a tenderse en el piso boca abajo y ejecutaron a siete de ellos, después de que un encapuchado los señalara como colaboradores de la guerrilla.

Posteriormente, los integrantes de las autodefensas ilegales obligaron a otros habitantes a subir a una camioneta que tomó rumbo a La Gabarra. El vehículo pasó al frente de la estación de Policía conocida como Refinerías y en la vereda Socuavo ultimaron a cuatro de las personas que transportaban.

Según las investigaciones adelantadas, Velásquez Zambrano se desempeñó, presuntamente, como guía en esa incursión de las autodefensas ilegales. A su turno, Rincón Jurado en su condición de comandante de Policía de la Estación Refirnerías, habría permitido el paso de los miembros de ese grupo armado al margen de la ley y contribuyó, supuestamente, con las actuaciones ilegales que llevaron al secuestro y posterior homicidio de las personas plagiadas en Tibú.

Las víctimas eran comerciantes, celadores, estudiantes, distribuidores de carne y obreros. Los dos acusados están privados de la libertad.