Boletín de Prensa No. 74

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FISCAL GENERAL ENTREGÓ INFORME A CIDH DE LA OEA


El Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, presentó este martes en Washigton, EE.UU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, CIDH, el informe anual sobre las actuaciones adelantadas por la entidad en casos que involucran al Estado colombiano.

En desarrollo del 117 período de sesiones de la CIDH, el Fiscal General reiteró el compromiso del Estado colombiano para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión frente a los casos denunciados ante esa instancia.

Igualmente, el alto funcionario resaltó que la función que cumple la Comisión, su trayectoría y profesionalismo son garantía para la preservación de los estados democráticos y del respeto de los derechos fundamentales, incluidos los referidos a la integridad de la persona y la observancia del Derecho Internacional Humanitario.

Así mismo, aseguró que las difíciles circustancias por las que atraviesa Colombia requieren no sólo del seguimiento de las causas que se tramitan ante los organismos competentes creados por la comunidad internacional, sino de una completa y pormenorizada información acerca de las condiciones en que se atenta contra la democracia nacional.

En su informe anual, el Fiscal General entregó a la Comisión un documento que contiene una referencia detallada de la situación de derechos humanos de la Comuna 13 de Medellín y de la situación en los departamentos de Arauca y Cauca.

Situación en Medellín

Frente al proceso derivado de la Operación Orión, realizada entre el 17 y 18 de octubre de 2001 en la Comuna 13 de Medellín, la Fiscalía General presentó ante la Comisión un informe detallado de las acciones adelantadas en esa ocasión por los servidores de la Fiscalía y el acompañamiento de instancias de vigilancia y control como la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo.

En relación con presuntas desapariciones como consecuencia de la operación se estableció junto con la Personería Municipal de Medellín que únicamente se formuló denuncia por la desaparición de dos personas. Hechos que son investigados por la Fiscalía General.

De igual manera, el Fiscal General hizo referencia a la grave situación de violencia que afronta Medellín originada en gran parte por el conflicto entre distintas bandas de delincuentes, guerrilleros y autodefensas ilegales que se disputan el poder en la zona.

Situación en Arauca

Con respecto a la situación de Arauca, el Fiscal informó sobre la creación de una comisión especial de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para esa zona, la cual ha permitido impulsar investigaciones iniciadas por la Fiscalía seccional por graves violaciones a los derechos humanos.

De otra parte, la Dirección Nacional de Fiscalías a través de la estructura de apoyo de Arauca durante el año 2002 inició 58 investigaciones por delitos de terrorismo, narcotráfico, porte ilegal de armas, falsedad en documento público, secuestros, homicidios y lavado de activos entre otros.

En desarrollo de esa actividad, entre octubre de 2002 y enero de 2003 la Fiscalía efectuó 81 capturas, profirió 69 órdenes de encarcelamiento y libró 350 órdenes de captura .

De acuerdo con esos datos, en el último año los secuestros, extorsiones, homicidios y actos terroristas en esa zona ocasionaron la muerte de 515 personas y heridas a 871.

Situación en el Cauca

En el último trimestre del año 2002 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario integró una comisión con apoyo de los organismos de policía judicial para esclarecer hechos perpetrados por las autodefensas ilegales.

En ese sentido la Fiscalía General abrió 33 investigaciones previas, impuso 10 medidas de aseguramiento, practicó 72 inspecciones judiciales, 52 diligencias de allanamiento y registro y capturó a 33 miembros de las autodefensas ilegales.6

Por último, el Fiscal General solicitó el apoyo decisivo de la comunidad internacional para que las acciones de grupos al margen de la ley no obstruyan la obligación constitucional que tiene la Fiscalía de investigar la comisión de los delitos.


Fuente de Información:Oficina de Divulgación y Prensa
Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2003