Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación contra el capitán de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), César Romero Pradilla; teniente Johan Jiménez Valencia y el técnico Héctor Mario Hernández Acosta, por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo (Arauca), donde murieron 17 personas y 25 más resultaron heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el grupo guerrillero de las Farc.

El 12 de diciembre de ese año se detectó una avioneta que, al parecer, se dedicaba al tráfico de drogas lo que obligó a la Fuerza Pública a desplazarse hasta el lugar, sitio donde se encontraba el grupo ilegal, originándose el enfrentamiento. Al día siguiente, 13 de diciembre en la mañana, uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea lanzó una bomba denominada --Cluster-- (esto quiere decir Racimo), y algunos de sus componentes cayeron sobre el caserío, causando los muertos y heridos.

Esta investigación llegó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos a finales de febrero de este año en virtud de una tutela interpuesta por una de las víctimas. Una vez llegó en revisión a la Corte Constitucional, ésta decidió que era la justicia ordinaria quien debía conocer el proceso. Los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos perfeccionaron y resolvieron en ocho meses la investigación y hoy se produce la decisión de fondo.

La Fiscalía coincidió con el concepto del Ministerio Público en cuanto se refiere a la conducta culposa de los procesados, mientras que los defensores solicitaron preclusión para los sindicados y, por el contrario, la parte civil demandó que fuesen acusados por homicidio doloso y lesiones personales dolosas.

El análisis de la Fiscalía indica que es un delito culposo, porque de acuerdo a las pruebas no se encuentra que haya existido intención de los militares de causar daño directo sobre la población, sino que se trató de imprevisión al manejar este tipo de artefactos de guerra; según la decisión, esto sin perder de vista que todo se originó en un combate entre la Fuerza Públia y los grupos ilegales.

Los fiscales de Derechos Humanos practicaron pruebas técnicas y científicas como la que se realizó el 12 de agosto pasado en la Base Aérea de Apiay, con asistencia de la Procuraduría, de los defensores, de representantes de la Parte Civil y peritos del CTI. En ese escenario se lanzaron dos dispositivos de idénticas características a las que originaron los hechos del 13 de diciembre en Santo Domingo.

Los tres sindicados no se encuentran privados de la libertad por cuanto el delito es excarcelable.