Un fiscal seccional de Manizales profirió resolución de acusación en contra de Consuelo Lizarralde Vélez, ex diputada de Caldas, como presunta responsable de los delitos de urbanización ilegal, estafa y abuso de confianza calificado.

Con la misma decisión fueron afectados Claudia Patricia Corredor Aguirre, representante legal de Pabiscaldas (Profesionales Asociados para el Bienestar de Caldas), como presunta autora del punible de abuso de confianza calificado; José Oscar Tamayo Rivera, gerente de la firma Aliar Ltda., e Isaac Trejos Morales, subgerente de esa empresa, como supuestos responsables de los delitos de urbanización ilegal y estafa.

De acuerdo con la investigación, en 1995 la entonces diputada Lizarralde Vélez realizó un contrato para la construcción de 1.067 viviendas de interés social que conformarían la Ciudadela La Linda en Manizales. Pasbicaldas y la firma Aliar facilitaron la ejecución del proyecto, pero hasta la fecha sólo se han construido 380 casas afectando de esta manera a las personas de bajos recursos económicos que pagaron por esas viviendas.

Así mismo, Lizarralde Vélez al incumplir el pago del contrato al ingeniero Norbey Castro Gil para la ejecución de la obra, fue demandada por este ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, quien decretó el embargo de la urbanización, quedando esta parcialmente construida. Según la decisión del Juez, la deuda con Norbey Castro asciende a 480 millones de pesos

Tras la demanda, la diputada utilizó al parecer la intermediación de supuestos miembros de las autodefensas ilegalespara que extorsionaran al ingeniero Castro Gil. Por esos hechos, la Fiscalía ya acusó a Consuelo Lizarralde por el delito de tentativa de extorsión.

La ex diputada Lizarralde Vélez se encuentra privada de la libertad en la cárcel de mujeres de Manizales.