Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario profiró medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva sin beneficio de excarcelación, contra dos integrantes de la Policía Nacional
sindicados del delito de tortura.
Los hechos materia de investigación están relacionados con la
denuncia de un agente de policía contra dos compañeros suyos, como partícipes en un
procedimiento de tortura a los detenidos Pablo Mateus Ochoa y Alvaro Montañes Mora.
Las supuestas torturas ocurrieron el 13 de febrero de 2002 en la
Estación 11 de Policía de Suba. Según la denuncia, el Subintendente Juan Carlos Gómez
Gaitán y el Intendente Alexander Olaya Ordoñez, quisieron obtener un testimonio de los
detenidos a través de torturas físicas y sicológicas.
En la medida de aseguramiento, la fiscalía impartió la orden de
captura contra los sindicados para que sean trasladados a un reclusorio especial para los
miembros de la Policía Nacional.