Un fiscal de la Unidad Nacional
contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio acusó a Juvencio
Omar Toro Guevara, Adriana Escudero Chica, Wilmer Córdoba Marín y Huwer Alfonso Acosta
Fajardo, como presuntos responsables de lavado de activos en cuantía de 33 mil millones
de pesos.
Según lo establecido por las
investigaciones, entre abril y septiembre de 1995 se consignaron en la oficina Belalcázar
de la entonces Caja de Crédito Agrario grandes sumas de dinero en cheques de gerencia que
fueron enviados a Puerto Asís y La Hormiga, Putumayo. Se constató que el efectivo
provenía de cuentas alimentadas con dineros del narcotráfico.
Las consignaciones oscilaron entre
los 10 millones y los 150 millones de pesos, se hicieron en aproximadamente 250 cuentas y
la mayoría de éstas fueron abiertas por personas cuyos números de cédulas no
correspondían a los registrados. También se encontraron cuentas abiertas por Miguel
Rodríguez Orejuela o sus colaboradores.
Así mismo, los estudios
grafológicos efectuados indicaron que las firmas de las personas involucradas no eran las
de sus presuntos titulares.
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