Un
fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
afectó con medida de aseguramiento a Juan Carlos Vásquez y Luis Salomón Puerto Acero,
soldados voluntarios, como presuntos responsables de homicidio agravado y concierto para
delinquir.
La medida judicial está relacionada
con los hechos ocurridos entre la noche del 19 y el amanecer del 20 de noviembre de 1998,
cuando integrantes de las autodefensas llegaron al caserío La Cabuya, situado entre
Arauca y Casanare, y ultimaron a cinco personas, entre ellas una mujer con siete meses de
embarazo.
Por la época de los hechos Puerto
Acero y Vásquez integraban la Compañía Escorpión, adscrita al Batallón de
Contraguerrillas No. 25 Héroes de Paya de la XVI Brigada con sede en Casanare. Vásquez
era radioperador y según lo establecido permaneció toda la noche en La Cabuya con el
comandante de esa unidad, teniente Sandro Quintero Carreño, también vinculado a este
proceso.
En su providencia el fiscal
instructor señaló que en este caso hay coautoría impropia, en la que los diferentes
partícipes se reparten funciones para la realización del hecho, garantizando de esa
manera la ejecución del mismo. Los sindicados se encuentran privados de la libertad en
una guarnición militar.
MASACRE EN SAN PABLO
En otro proceso, la Fiscalía
profirió resolución de acusación en contra de Julio Enrique Olivar Alvarez, como
presunto responsable de homicidio agravado y secuestro extorsivo. Los hechos investigados
acaecieron el 8 de enero de 1999, cuando medio centenar de miembros de las Audoefensas
Unidas de Colombia llegaron a San Pablo, Bolívar, ultimaron a 14 personas y produjeron
heridas a otras 3. Contra el procesado el fiscal instructor reiteró la orden captura.
MÁS ASEGURAMIENTOS
Finalmente, un fiscal de la ya citada
Unidad Nacional cobijó con medida de aseguramiento a Gilberto Antonio Tamayo Rengifo,
alias "El Gato", John Jairo Mazo Pino, alias "El Soldado", y Jorge
Alberto Muñetón Montoya, alias "Muñe", como presuntos responsables de
concierto para delinquir.
La determinación judicial fue
adoptada por los hechos ocurridos el 11 de junio de 1996, cuando en La Granja,
corregimiento de Ituango, Antioquia, 20 hombres de las Autodefensas Campesinas de Urabá
provocaron la muerte violenta de cuatro de los pobladores. Contra esos procesados el
fiscal instructor reiteró las órdenes de captura.
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