Un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución de acusación en contra de Fernando Botero Zea, como presunto autor del delito de hurto agravado por la confianza y por la cuantía, proferida en primera instancia por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, el 17 de mayo de 2001.

Los hechos materia de investigación ocurrieron durante 1994, cuando Botero Zea en su calidad de director de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano se habría apoderado de $800 millones, que fueron consignados en dólares por empresas conocidas y respetables a cuentas corrientes que tenía Botero en tres bancos de Nueva York.

La defensa argumentó ante la segunda instancia que por la conducta imputada en este proceso Botero ya había purgado condena (Botero Zea fue condenado el 3 de octubre de 1996 a 63 meses de prisión por enriquecimiento ilícito a favor de terceros) y que el posible ilícito no era del de hurto agravado por la confianza y la cuantía, sino el de abuso de confianza, que demanda querella como requisito de procesabilidad penal.

Sin embargo, el fiscal de segunda instancia consideró que los hechos que motivaron el nuevo proceso son por entero diferentes, por cuanto una cuestión fueron los aportes realizados subrepticiamente

por el narcotráfico a la campaña presidencial citada y otra muy diferente las consignaciones hechas a la campaña por empresas respetables en las cuentas corrientes en el exterior de Botero Zea.

Así mismo, para la segunda instancia está claro que los $800 millones nunca ingresaron a la campaña presidencial, pues el hoy acusado " prevalido de la confianza que se le tenía por los roles desempeñados, logró que los consignaran en sus cuentas personales para después apoderárselos", por lo que la Delegada ante la Corte respaldó la juridicidad global de la providencia recurrida.

Y con respecto a la solicitud simultánea de revocatoria de la medida de aseguramiento proferida en este proceso contra Botero el 22 de enero de 2001, la segunda instancia determinó de acuerdo con los Códigos vigentes, por razones de favorabilidad, aceptar tal petición, y en virtud de las nuevas normas penales ordenó cancelar las órdenes de captura, así como la prohibición de salir del país, a la vez que respaldó la acusación.