Rafael Hernando Saavedra Ramírez, quien se desempeñó como gerente regional de la Caja Agraria en Bogotá, fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad a 20 años de prisión y a pagar una multa de $ 1.851.600.000, al ser hallado responsable del delito de peculado por apropiación.

De acuerdo con el juzgador, Saavedra Ramírez y las otras personas que pudieran ser encontradas responsables deben pagar solidariamente $3.300.445.112, dinero con el que se resarcirá el daño material producido al haberse diligenciado y aprobado operaciones bancarias indebidas, soslayando las normas y procedimientos establecidos para tramitar, aprobar y desembolsar créditos y sobregiros.

Esa cifra engloba el dinero prestado irregularmente y los intereses causados, que la entidad crediticia, hoy en disolución, dejó de percibir.

La investigación comenzó en octubre de 1998, cuando un informe de la Contraloría de la Caja Agraria advirtió sobre las irregularidades presentadas en la sucursal “El Retiro” de Bogotá, donde el 9 de diciembre de 1997 se desembolsó un crédito por $270 millones, contando como garantía con un certificado de una mercancía expedido por Almagrario a favor de la entidad.

Para esa fecha la mercancía no estaba en el país. El bono de prenda se constituyó hasta el 29 de enero de 1998, 50 días después del desembolso del préstamo.

Posteriormente, la directora de la sucursal “El Retiro”, Lucelena García Romero, concedió la liberación parcial de la mercancía, avaluada en $100 millones, aceptó como respaldo un cheque del Banco del Estado que resultó sin fondos. Según lo establecido, las autorizaciones tanto para el crédito como para la última transacción fueron dadas por el entonces gerente regional Saavedra Ramírez.

MÁS IRREGULARIDADES

El 27 de noviembre de 1997 en la sucursal ya citada se autorizó la apertura de una cuenta corriente por $164.400.000. Dicha cuenta para finales de enero de 1998

presentaba un sobregiro por $195 millones, operación que tampoco se realizó con arreglo a la normativa establecida para estos casos.

Otra de las irregularidades detectadas durante la investigación fue el crédito concedido en septiembre de 1998 a la sociedad Llanos Oil Exploration Ltda, por $800 millones. Para esta transacción se aceptó como prenda de garantía un inmueble cuyo pagaré no fue firmado por el propietario. Además, para esa época sobre tal propiedad pesaba otra hipoteca.

VINCULADO

Saavedra Ramírez fue vinculado por la Fiscalía Tercera de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública el 11 de junio de 1999, 13 días después fue asegurado como presunto responsable de peculado por apropiación. El 28 de octubre de 1999 la Fiscalía 5 delegada ante los Jueces penales del Circuito de Bogotá lo acusó por el mencionado delito.

De acuerdo con el Juez, la experiencia de Saavedra en el sector financiero y su nivel académico, economista y abogado, hacen inadmisible “su actitud tendiente a imputar el actuar contrario a derecho a sus subalternos o las instancias superiores”.

Las irregularidades observadas tanto en los préstamos concedidos evidencian la voluntad del procesado para sustraer ilícitamente bienes estatales a favor de terceros, señala el juez, quien ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta de los beneficiados con los préstamos. La gerente de la sucursal “El Retiro” afronta una investigación penal.