El Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá
condenó al abogado Luis Beltrán Gutiérez de Alba a 90 meses de prisión y al pago de
una multa equivalente a 66 salarios mínimos mensuales, por los delitos de concierto para
delinquir, uso fraudulento de sello oficial, falsedad material en documento público,
destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, estafa agravada por la
cuantía y fraude procesal.
Beltrán Gutiérrez de Alba hizo parte en Barranquilla de una organización integrada por
otros abogados, por servidores judiciales y por particulares, que dafraudó al Fondo de
Pasivo Social de Foncolpuertos por $71.349.443.287, mediante resoluciones de órdenes de
pago suscritas fundamentalmente durante 1998.
Para la comisión del ilícito se crearon varios poderes que supuestamente exempleados de
Foncolpuertos otorgaron a los abogados litigantes. Así, se adulteraron las diligencias de
presentación personal de esos poderes con la utilización de sellos falsos, también se
falsificaron audiencias de juzgamiento, los mandamientos de pago y las respectivas
anotaciones en los libros radicadores de varios juzgados laborales de Barranquilla, en los
que supuestamente cursaron los procesos.
Con esos documentos falsos se efectuaron diligencias de conciliación ante las
inspecciones laborales, cuyas actas sirvieron de base para que la Dirección de
Foncolpuertos expidiera las respectivas resoluciones en las que se reconocieron los
valores conciliados y permitieron el pago de las mismos a través de títulos valores de
tesorería clase b expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la providencia del Juzgado 37, aunque el hoy condenado no aparece firmando
documentos como directo interesado, si fue la persona a quien se le giraron sumas
cuantiosas y ayudaba en la elaboración de sentencias, así como en la mutilación, la
inserción y ocultamiento de libros radicadores, pues como ex funcionario del Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla se le facilitaba el acceso a ese despacho.
Beltrán, quien fue acusado por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción en
septiembre de 1999, está privado de la libertad en la Cárcel Modelo de la capital del
Atlántico y se acogió a sentencia anticipada, por lo que se le rebajaron 45 meses de
prisión.