Cali, 29 de agosto. Confirmar la sentencia condenatoria proferida en primera instancia, fue la solicitud de la Fiscalía al Tribunal Superior de Cali, durante su intervención en la audiencia de sustentación del recurso de apelación de la defensa de los involucrados en el Caso Jamundí.

Para la Fiscalía los procesados: Nelson Enrique David Posso, Luis Eduardo Carvajal Peralta, Carlos Eduardo Erazo Riascos, Julián Andrés Pomeo Moreno y Mauricio Arcángel Ramírez Gallego, fueron solidariamente responsables de los hechos ilícitos del 22 de mayo de 2006, en Potrerito, jurisdicción de Jamundí (Valle), donde murieron 10 miembros de la Dijín y un civil, a manos de inegrantes del grupo Lince, del Batallón de Alta Montaña Número Tres.

Esas personas actuaron concientemente de lo que hacían, por lo que son responsables de lo ocurrido, máxime tratándose de miembros de un grupo altamente especializado y entrenado, argumentó la Fiscalía.

“Existió entre los acusados una distribución de funciones dentro de ese plan conjunto que efectivamente se ejecutó, donde cada uno completó con su aporte, estructurándose así un todo acordado previamente”, sostuvo Javier Tamayo, fiscal del caso.

También consideró el fiscal que es difícil pensar que los policías dispararon primero, puesto que ninguno de los militares fue herido y no hay registro de disparos en los vehículos que hubieran podido servirles de escudo.

Irregularidades en órdenes de operaciones

La Fiscalía insistió en las múltiples irregularidades halladas en las órdenes de operaciones Ballesta III y Continuación.

Según el testimonio del sargento Dayner William Bonilla Tovar, él las diligenció por orden verbal del teniente coronel Byron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña Número III. Sin embargo, cuando se produjo la inspección de la Fiscalía esos documentos aparecieron firmados por el mayor Carlos Alberto Lozano, quien no estuvo en su puesto de trabajo en aquella fecha.

Igualmente, en los archivos tampoco apareció copia de dichos documentos, ni las matrices de riesgo, en cuanto a movimiento de tropa, ni tampoco estaba el informe de operaciones.

“Con el desplazamiento de la tropa no se buscaba evitar un atentado terrorista asociado a voladura de torres, retenes ilegales, sino que en apariencia, se pretendía evitar un secuestro”, señaló el fiscal Tamayo.

Finalmente, la Fiscalía recalcó que el testimonio de Sergio Andrés Berrío, administrador del Hogar Mi Casita, demostró que los miembros de la Dijin se identificaron como Policía Judicial y que éstos clamaron por sus vidas, pero fueron asesinados.

La audiencia sustentación del recurso de apelación continuará el próximo 19 de septiembre, cuando intervendrá, durante tres horas, la defensa del teniente coronel ( r ) Byron Carvajal.