Bogotá, 12 de marzo. En su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EE.UU elogia los avances logrados en esta materia por el Estado colombiano y, en especial, por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

Así lo reseña en primera página el diario El Tiempo, que presenta en su edición impresa la introducción de dicho informe, según el cual “aunque aún persisten serios problemas, el respeto del Gobierno por los derechos humanos continuó mejorando, hecho particularmente evidente por los progresos en la implementación de la ley de Justicia y Paz".

'Colombia mejoró en DD.HH.'

Por: Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de El Tiempo – Washington

Washington expresa su preocupación por el resurgimiento de grupos criminales identificados como paramilitares que no se desmovilizaron o que dejaron el proceso de paz, y el aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

Sin desconocer que persisten problemas, el Departamento de Estado de E.U. presentó ayer una visión mucho más favorable sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y el compromiso del gobierno por defenderlos. De hecho, es quizá la evaluación más benigna que recibe el país en la última década.

“Aunque aún persisten serios problemas, el respeto del Gobierno por los derechos humanos continuó mejorando, hecho particularmente evidente por los progresos en la implementación de la ley de Justicia y Paz" dice en su introducción el reporte que cada año prepara el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo y que esta vez dedica 49 páginas a Colombia.

Según el reporte, "los pasos tomados por el Gobierno para mejorar la seguridad y los derechos humanos generaron resultados demostrables", y luego cita estadísticas oficiales que dan cuenta de una reducción del 34 por ciento en el número de masacres (más de cuatro muertos) y de 29 por ciento en los secuestros.

De acuerdo con el texto, la Ley de Justicia y paz ayudó a clarificar más de 3.000 crímenes y permitió la exhumación de 1.196 cadáveres ubicados en fosas comunes. Menciona, también, cómo las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía permitieron implicar a 52 políticos y 11 gobernadores con grupos paramilitares, y que la mayoría de ellos fue a la cárcel.