Como estrategia para facilitar el acceso de las víctimas a la administración de justicia y que puedan hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación, la normatividad de la Ley de Justicia y Paz estableció como mecanismo idóneo que se emplazara públicamente a todas las personas que se crean con derecho a reclamar reparación por daño físico, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales sufridos de manera individual o colectiva, como consecuencia de las conductas punibles atribuibles al los miembros de los grupos organizados al margen de la ley.