En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política la ciudadana Sandra Cecilia Rey Tovar, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 “Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones”.

Por auto de 3 de marzo del año en curso, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, y ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la República, para los fines pertinentes.

Artículo 96. El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para la demandante, la disposición acusada quebranta los artículos 158, 169, 13 y el Preámbulo de la Constitución Política. Expresa para sustentar su acusación, que la Ley 782 de 2002 tiene por finalidad adoptar medidas y garantizar el orden público en el país, así como facilitar diálogos y suscribir acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley. En ese sentido, el artículo 44 cuestionado regula un delito especial tendiente a ejercer un control al financiamiento de los grupos armados organizados, cualquiera que sea su orientación ideológica. Por esa razón, los sujetos activos del delito solamente pueden ser ellos y no los delincuentes comunes que eventualmente y en pequeña escala hurten hidrocarburos.

Así las cosas, considera la demandante que la descripción del tipo penal tipificado en el artículo 44 demandado resulta insuficiente en lo que respecta a los sujetos activos, como quiera que no distingue entre quienes hurtan hidrocarburos o sus derivados con objetivos de distinta índole, quedando el sujeto activo de ese delito especial indeterminado, con lo cual se viola el principio de unidad de materia en virtud del cual el legislador ha debido identificar el sujeto activo de ese hecho punible, a fin de evitar que una disposición con una finalidad claramente establecida (controlar el financiamiento de los grupos armados al margen de la ley), resulte siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias derivadas del trato a grupos terroristas, como son la pena y las multas establecidas en la norma acusada.

Considera que dada la finalidad de la Ley 782 de 2002, el legislador ha debido identificar el sujeto activo calificado del delito de hurto de hidrocarburos en aras de respetar el principio de unidad de materia, pues en caso contrario “el medio para obtener el mencionado fin no encaja de manera exacta al llevar hechos de la justicia ordinaria a la especializada, a pesar de no corresponder a grupos terroristas al margen de la ley”, circunstancia que conlleva a la violación del principio de la proporcionalidad y la igualdad, pues tratándose de delincuentes comunes han de ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por una especializada, con lo cual también se vulnera el Preámbulo de la Constitución que garantiza un orden social justo.

Para el ciudadano coadyuvante, teniendo en cuenta que la acusación central expuesta por la demandante radica en la violación del principio de unidad de materia, la Corte Constitucional debe realizar un análisis detallado del trámite surtido en el órgano legislativo a la Ley 782 de 2002, por cuanto se evidencian serias irregularidades en el mismo, como lo es el hecho de que la norma acusada no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002. Para sustentar su acusación, cita in extenso las ponencias para primer y segundo debate, así como apartes de actas de comisión.

Ahora bien, aduce que la incorporación de la norma acusada en una comisión accidental, fue el producto de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1900 de 2002, que traía en su artículo 2 una norma similar a la que ahora se acusa. Siendo ello así, la reproducción parcial del artículo 2 citado en el artículo 44 de la Ley 782 ahora acusado, deviene en inconstitucional, pues para ello el legislador tuvo que haber tenido en cuenta las razones aducidas por esta Corporación para la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1900 citado, en cuanto a los sujetos activos del delito y del bien jurídico tutelado, por cuanto la ley acusada es una norma que prorroga y modifica normas de orden público, cuya finalidad concreta es la de “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica”.

Otro de los argumentos esgrimidos para coadyuvar el cargo por violación del principio de unidad de materia, se refiere a la titulación que precede el tipo penal especial que se acusa en la presente demanda, que textualmente señala “CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY”. En efecto, considera que sostener que el artículo acusado se puede aplicar a cualquier persona pertenezca o no a grupos armados organizados al margen de la ley, acudiendo al argumento de que el tipo penal no específica el sujeto activo del delito, constituye una flagrante violación al principio de proporcionalidad e igualdad, en tanto a los ciudadanos comunes se les aplican normas dirigidas a grupos armados ilegales, imponiendo penas principales y accesorias mayores a las contempladas en la jurisdicción ordinaria.

La conducta que se describe en la norma demandada puede ser realizada por cualquier persona, independientemente de que pertenezca o no a un grupo armado organizado al margen de la ley, pues su penalización no se encuentra supeditada a la demostración de la existencia de una característica especial subjetiva, sino que se trata de un comportamiento que debe ser sancionado por constituir un elemento desestabilizador de la economía nacional.

Aduce el apoderado de la entidad interviniente, que el límite de la acción penal se encuentra definido por la Constitución Política y, en ese sentido, el derecho penal aparece como el último mecanismo al cual acudir para la prevención y sanción de determinadas conductas. De ahí, que el legislador al establecer la estructura de los tipos penales debe ser supremamente cuidadoso a fin de que guarde completa armonía con el ordenamiento superior, y que su contenido sea descrito correctamente en aras de garantizar la finalidad que se persigue con su creación. Siendo ello así, el cargo que propone la demandante no puede prosperar, pues el órgano legislativo al no consagrar un sujeto activo cualificado no desconoció el principio de unidad de materia, como quiera que dentro del ámbito de la dogmática penal, esa categoría especial que se echa de menos, no responde al simple querer del legislador de otorgarle esa connotación, sino que ello obedece a los elementos estructurales de la conducta delictiva que se realice. De ahí, que los delitos con sujeto activo indeterminado pueden ser cometidos por cualquier persona, contrario a lo que sucede con otros ilícitos que solamente pueden ser realizados por sujetos cualificados.

Añade que la conducta que se sanciona en la norma acusada, guarda relación de conexidad y finalidad con las causas que motivaron la expedición de la Ley 782 de 2002, como es la perturbación del orden público y no las personas en sí mismas consideradas como destinatarias de las medidas punitivas, pues ya existen otros tipos penales que castigan la pertenencia a grupos armados al margen de la ley. Expresa que la norma acusada hace parte del capítulo III de la Ley 782 de 2002, cuya finalidad es ejercer un control al financiamiento de los grupos armados de extrema izquierda o de extrema derecha, pero ello se encuentra ligado al fin último de la norma cual es la protección y garantía del orden público y la convivencia pacífica y, por esa razón el legislador no puede privar de sanción a quienes incurran en ese ilícito aunque no pertenezcan a grupos armados al margen de la ley, porque con su comportamiento afectan igualmente el orden público. En ese sentido, lo que determina la competencia e imposición de la sanción no es el sujeto que lo comete sino la afectación del bien jurídico protegido.

Manifiesta el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, que los instrumentos consagrados para la búsqueda de la convivencia pacífica, contemplados en las leyes proferidas para el efecto, tales como la 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002, se han desarrollado paralelamente con las circunstancias que han afectado el país en los últimos tiempos, y tienen dos ejes fundamentales, a saber: i) establecen mecanismos que permiten adelantar diálogos; y, ii) crear herramientas para el fortalecimiento institucional.

En concepto de la entidad interviniente no resultan violados el principio de proporcionalidad ni el derecho a la igualdad, por cuanto, el tipo penal acusado describe un comportamiento idéntico aplicable tanto a los miembros de grupos armados como a quienes no hacen parte de los mismos “y respeta dichos principios porque prevé un tratamiento punitivo diferencial justamente reconociendo el grado menor de afectación del bien jurídico, y la lesividad menor del comportamiento cuando la cuantía de lo apropiado alcanza los diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplicable, por ejemplo, a los casos de criminalidad ocasional”.

Para concluir, manifiesta que no pueden aceptarse los cargos planteados por la demandante, pues si bien una proporción muy importante del delito contemplado en la norma acusada, es cometido por miembros de grupos armados, ellos no son los únicos que lo comenten, pues de suyo hay particulares que también incurren en el mismo ocasionando con ello un grave daño a la economía del país, y con ello al orden público, razón que justifica su penalización.

Previamente a referirse a los argumentos jurídicos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, realiza unas observaciones de carácter técnico y económico en relación con el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados en el país, sustentado en una información suministrada por ECOPETROL S.A. Para ello, expone la grave situación por la que ha atravesado la infraestructura petrolera del país, debido a los continuos ataques de organizaciones criminales, que además de destruir puntos estratégicos de la misma, se apoderan de los hidrocarburos y sus derivados, exponiendo a serios peligros a los habitantes de las regiones en donde se realiza el delito, sin contar con los serios daños al ecosistema y la economía nacional.

Después de traer a colación cifras que reflejan las pérdidas que por la práctica del delito de hurto de hidrocarburos se han presentado, aduce que a ello se añade los costos que demandan para Ecopetrol, la reparación de los sistemas de transportes, sin contar con la imposibilidad del pago de regalías para los entes territoriales que los perciben, razón por la cual se hizo necesario incrementar las penas, y crear un tipo penal autónomo, pues la única figura penal existente para el hurto de hidrocarburos era una causal de agravación.

Siendo ello así, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 782 de 2002 ha sido posible la judicialización de más de seiscientas personas y se han obtenido 204 sentencias condenatorias, en las cuales se ha ordenado el pago de perjuicios a favor de Ecopetrol como víctima del ilícito de hurto de hidrocarburos. También, como consecuencia de la tipificación de esa conducta y sus graves consecuencias punitivas, se ha logrado judicializar carteles de la gasolina y otras organizaciones al margen de la ley. Se trata pues, en concepto de la entidad interviniente, de una herramienta jurídica, que a pesar de su carácter transitorio ha permitido combatir ese tipo de criminalidad.

Después de relatar con detalle los mecanismos utilizados por quienes incurren en dicho delito, se refiere al cargo propuesto por la demandante referente a la violación del principio de unidad de materia, respecto del cual considera que la fundamentación del cargo no está debidamente soportado, teniendo en cuenta la realidad fáctica en que se comete el ilícito y el modus operandi de esas organizaciones que han hecho del apoderamiento de hidrocarburos su principal fuente de financiamiento. Añade, que de conformidad con lo expuesto en la exposición de motivos, la cual cita en algunos de sus apartes, la ley acusada se expidió con el fin de contrarrestar una conducta delictiva que se encuentra estrechamente relacionada con las actividades que desarrollan las organizaciones armadas al margen de la ley, y por lo tanto, se trata de una herramienta que se aviene con el objetivo mismo de las disposiciones legales contenidas en la Ley 782 de 2002.

Existe entonces una conexidad temática e instrumental entre la Ley 782 en cuestión y la norma acusada, pues de suyo el artículo cuestionado penaliza el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados cuando sean transportados a través de los medios referidos en la norma, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, cuando ese ilícito es cometido por agrupaciones o carteles que en razón de ese delito, proveen de recursos a las organizaciones armadas al margen de la ley. Así las cosas, la imposición de las sanciones establecidas en el precepto normativo acusado, guarda una estrecha conexión con el tema de la ley, pues la misma fue expedida por el legislador para atacar conductas ilícitas como la referida en el artículo acusado, que constituyen la mayor fuente de financiamiento de esas organizaciones.

Por último, en relación con la vulneración del principio de proporcionalidad, luego de citar jurisprudencia constitucional sobre la materia, considera que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 respeta dicho principio, pues se tipifica como antijurídica una conducta que causa un daño efectivo a bienes jurídicos protegidos, como son el patrimonio privado o estatal. Tanto la pena principal como la accesoria consagradas en la norma cuestionada, en su concepto resultan bastante pequeñas, en comparación con el enorme daño que se causa con la conducta descrita por el tipo penal acusado.

Inicia su intervención el Ministerio Público refiriéndose brevemente a la regla de la unidad de materia y las características que jurisprudencialmente han sido establecidas para establecer su quebrantamiento. Luego cita la exposición de motivos de la ley acusada para dejar en claro la finalidad de la misma, de lo cual concluye que no queda duda que la misma hace parte de una normatividad especial proferida por el legislador para contrarrestar problemas de orden público y restablecer la convivencia pacífica.

Expresa la Vista Fiscal que del título de la ley se desprende que la finalidad de su expedición fue la de prorrogar la Ley 418 de 1997, y modificar algunas de sus disposiciones. Fue precisamente lo que sucedió con el artículo 96 de la primera de las leyes mencionadas, el cual fue modificado por el artículo 44 acusado, en el sentido de atribuir la competencia para el conocimiento del delito de hidrocarburos o sus derivados a los jueces del circuito especializados. Así mismo, la modificación implicó la adición del contenido del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, creando el delito autónomo de hurto calificado de hidrocarburos o sus derivados, estableciendo las penas imponibles en atención a la cuantía del ilícito e introduciendo como circunstancia de agravación punitiva la realización de la conducta por parte del servidor público.

Agrega que dentro de la política criminal del Estado, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para contrarrestar los problemas de orden público, y para ello puede crear normas de orden penal que apunten a la creación de tipos autónomos no contemplados en el tipo penal ordinario, a fin de preservar la convivencia pacífica y la seguridad, siempre y cuando con ello no se desborde el orden constitucional imponiendo penas excesivas o prohibidas. Siendo ello así, el Ministerio Público considera que no se vulnera la regla de la unidad de materia, pues, existe una conexidad teleológica y temática entre el contenido del artículo 44 de la Ley 782 de 2002 y lo reglado previamente por el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999.

Con todo, considera que teniendo en cuenta que de la aplicación del artículo acusado pueden resultar lesionados derechos de personas que no hacen parte de organizaciones armadas al margen de la ley, el artículo 44 ha de ser condicionado en el entendido que solamente sea aplicable a quienes forman parte de dichas organizaciones. En efecto, se refiere a la ubicación de la disposición acusada dentro del Título II de la Ley 782 de 2002, referente al “Control sobre el financiamiento de las actividades de las organizaciones armadas al margen de la ley”, de donde se deduce con claridad que el delito allí tipificado solamente se aplica a los miembros de dichas organizaciones. Para ello, también ha de tenerse en cuenta que la legislación ordinaria contempla como agravación del delito de hurto calificado, el hecho de que el mismo recaiga “Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gaseoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento”, norma ésta aplicable a las personas que no forman parte de grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, el Procurador General de la Nación considera que el principio de proporcionalidad no resulta vulnerado, pues el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, cumple con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia, como son: la adecuación del medio utilizado por el legislador para obtener el fin perseguido, la necesidad de aplicación del mismo para la consecución del fin, y que no exista otro mecanismo aplicable para el logro del propósito buscado. Así las cosas, con la norma se pretende contrarrestar el avance de las fuentes de financiamiento de los grupos armados al margen de la ley, razón por la cual se hace necesario la tipificación como conducta punible del hurto de hidrocarburos o sus derivados. Adicionalmente, el instrumento utilizado es el más idóneo, como quiera que no existe otro que permita someter la conducta de los miembros de organizaciones al margen de la ley que se apoderan de recursos del Estado “o de los particulares con desconocimiento de los derechos de propiedad consagrados en normas constitucionales –artículo 58 de la Carta Política-“.

Antes de abordar el juicio de constitucionalidad sobre la norma acusada, la Corte considera necesario referirse al cargo por vicios de forma, propuesto por el ciudadano que concurre a coadyuvar la demanda, quien señala que “la norma objeto de demanda no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en la Ley en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002”(Fol. 6 escrito de coadyuvancia).

Al respecto, basta manifestar que el artículo 242, numeral 3, de la Constitución Política, dispone que “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 782 de 2002, fue publicada en el Diario Oficial No. 45.043 de 23 de diciembre de 2002, y la demanda fue presentada el 9 de febrero de 2005, el término para presentar cargos por vicios en la formación de la ley, se encuentra caducado.

La Corte debe determinar, en este caso, si la decisión del legislador de establecer un tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados, con sujeto activo no calificado, tal como se contempla en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, infringe los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad, en tanto que abre la posibilidad para que personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley, sean procesadas y sentenciadas conforme a esta disposición.

En una democracia constitucional, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales (CP arts 1º, 3 º y 5º), la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, constituyen finalidades básicas de las autoridades públicas, no solamente por el imperativo que al respecto entraña el artículo 2° de la Carta, si no porque se trata de elementos que generan las condiciones materiales necesarias para el disfrute pleno de los derechos y las libertades públicas.

La preservación del orden público, como presupuesto de una convivencia pacífica, en beneficio de las libertades ciudadanas, supone el uso de distintos medios, entre ellos la apelación al derecho, incluso en el ámbito punitivo, con miras a asegurar al individuo una esfera de libertad y protección amenazada por la violencia ejercida por otros individuos o por grupos organizados, con potencialidad de crear una amenaza cierta o de lesionar esos bienes jurídicos valiosos para la colectividad.

La norma acusada se inserta dentro de un ya prolongado proceso legislativo orientado a contrarrestar las graves alteraciones de orden público con incidencia en las condiciones de convivencia ciudadana. Conforme se establece de la exposición de motivos de la ley parcialmente impugnada, los orígenes de este proceso se remontan al año de 1992 en que el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de ese añEntre los considerandos de este Decreto se señalaba que “Además de las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han incrementado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la infraestructura de producción y servicios, con el fin de minar la solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica del país y obtener de funcionarios públicos y de particulares concesiones y beneficios de diversa índole”. Adicionalmente que “los grupos mencionados han logrado aprovecharse de diversas organizaciones sociales legítimas para inducirlas realizar actividades contrarias a la Constitución y a la Ley”, y que, (…) “es necesario responder a la estrategia de los grupos guerrilleros con medidas que aseguren la seguridad ciudadana, corten el flujo de recursos que financian las actividades de aquellos, e impidan que dispongan de los bienes que requieren para sus operaciones delincuenciales”. Este Decreto fue declarado integralmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 031 de 1993.

y con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, se adoptaron una serie de medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la convivencia pacífica. En razón al carácter transitorio de las medidas, el legislador consideró necesario prorrogarlas por un período de dos años mediante la expedición de la Ley 104 de 199El título III de esta Ley, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.,” está dedicado al diseño de estrategias para el “Control del financiamiento de actividades subversivas y terroristas”. En el artículo 89 que forma parte del capítulo III del mencionado título, se atribuye a los jueces regionales la competencia del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía, independientemente de la calidad del sujeto activo: “ Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.

o “Ley de orden público”, al cabo del cual se profirió la Ley 241 de 199Esta Ley que prorroga la vigencia y modifica la Ley 104 de 1993, en su artículo 1° prorroga específicamente la vigencia del artículo 89 de la ley 104 que atribuía a los denominados Jueces Regionales el conocimiento del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía y sin consideración a la calidad del sujeto activo.

, que prorrogó la anterior por un término igual. Esas disposiciones a su vez fueron prorrogadas y modificadas por la Leyes 418 de 199Mediante esta Ley se “consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 96 de esta ley se establece que “Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.

y 548 de 199Mediante esta ley “se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. En lo que atañe al hurto de hidrocarburos se prorroga la vigencia del texto que traía el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, es decir, un tipo penal de hurto agravado, por la naturaleza del objeto material (petróleo o sus derivados), asignándose la competencia a los Jueces Regionales..

Es relevante para el análisis de este cargo señalar que uno de los propósitos fundamentales de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, fue el de dotar al Estado colombiano de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia” (Art. 1°). En procura de ese objetivo la Ley se estructura sobre dos ejes fundamentales a saber: (i) El establecimiento de mecanismos que permitan adelantar políticas de diálogo y reconciliación nacional; y, (ii) brindar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento institucional en diversas áreas que se consideran afectadas por el conflicto armado que vive el país. Dentro de éste último eje se ubica el Título II, relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual a su vez se inserta la creación del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados.

a. El bien jurídico tutelado. Dentro del ejercicio de su potestad de configuración vinculada a sus competencias en materia de política criminal, el legislador diseñó un tipo penal orientado a la protección de un bien jurídico complejo, que se deduce de los concretos objetivos de la ley, y se integra por valores como el orden publico, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, vinculados al deber estatal de crear condiciones para el desarrollo del individuo en libertad.

De los antecedentes normativos y la configuración del tipo penal, se establece con claridad que la norma acusada, se inserta dentro de un cuerpo normativo expedido por el legislador con la inequívoca finalidad de adoptar medidas tendientes a contrarrestar las alteraciones del orden público y a promover el restablecimiento de la convivencia pacífica, a través del reforzamiento de instrumentos orientados al control y estrangulamiento de las fuentes de financiamientos de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Ahora bien, sobre el principio de unidad de materia a que se debe someter todo proyecto de ley, tal como lo señalan los artículos 158 y 169 de la Carta, ha destacado la CortCfr. C- 795 de 1994, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; su importancia en orden a la racionalización y transparencia del debate democrático, en la medida que además de evitar que a través de prácticas oportunistas se introduzcan temas ajenos a los globalmente tratados, asegura que el cuerpo de leyes aprobadas obedezca a un mínimo de lógica y coherencia interna que facilite su consulta por la ciudadanía, en cuanto cada ley deberá responder a un tema, y al título que la identifica.

Ha destacado así mismo, el componente técnico y metodológico que esta exigencia constitucional introduce en el debate legislativo, protegiéndolo de “incongruencias normativas que en forma subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y que, por razón de su imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo proyectoCfr. C- 796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Constituye además un reforzamiento de la legitimidad del debate democrático en cuanto garantiza que el mismo se concentre en materias previamente definidas, conocidas y discutidas al interior de cada una de las comisiones y plenarias de las Cámaras legislativas, impidiendo que se introduzcan en los proyectos asuntos totalmente extraños, contrarios o que invadan de manera inexplicable, el contenido y finalidades de los temas allí tratados.

Sin embargo, también se ha precisado por parte de esta Corporación el alcance de este principio, en el sentido que no obstante su inequívoco propósito de impedir las incongruencias normativas en la ley, y garantizar la transparencia del debate democrático, el mismo no puede concebirse como un concepto rígido que desborde su verdadera finalidad y se desvíe hacia la obstaculización del trabajo legislativo. De tal manera que, “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la leIb.”

Un análisis global de los antecedentes, estructura y contenidos de las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, conduce a sostener que el cargo por violación del principio de unidad de materia planteado por la actora carece de todo sustento. En efecto, la tipificación que en la norma demandada se introduce respecto del apoderamiento ilícito de hidrocarburos y sus derivados, no puede calificarse como una materia extraña, invasiva o contradictoria del contenido global del cuerpo normativo en que se inserta.

La conexidad causal con los objetivos globales de la ley, se establece a partir de la revisión de los antecedentes de la leSe reitera que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, reemplazó el 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999. en los que se aprecia que uno de los factores que se consideran relevantes dentro de la situación general de alteración del orden público que se pretende conjurar, es el relativo a la afectación de la infraestructura económica del Estado, particularmente en lo relativo a los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los grupos armados organizados al margen del la ley.

La conexidad sistemática deviene claramente de la ubicación del tipo penal en el Título II relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, como uno de los múltiples instrumentos a que acudió el legislador ordinario en su propósito de conjurar las causas de alteración del orden público, y propender por el restablecimiento de la convivencia pacífica y la eficacia de la justicia.

A juicio de la demandante, y del ciudadano que coadyuva la demanda, la descripción del tipo penal de que trata el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, resulta “insuficiente en cuanto a los sujetos activos”, en razón a que por ser un delito especial, era obligación del legislador identificar el sujeto activo del hecho punible, con el fin de evitar que una norma con una finalidad plenamente identificada – ejercer un control al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley - , resultara siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias con que se trata a los grupos terroristas, lo que redunda en violación del principio de proporcionalidad y de igualdad.

En efecto, como lo ha reiterado la Corte, el legislador ordinario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración en materia punitiva para adoptar las decisiones que más convengan a la política criminal del Estado. No obstante, el ejercicio ordinario de esta competencia se encuentra sometido y condicionado por límites que la propia Constitución impone al ejercicio del ius puniendi. Esos límites materiales se encuentran en los derechos constitucionales de los asociados, que se constituyen así en fundamento y límite de esa potestad punitiva estatal, y en los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidaEntre otras, se pueden revisar las sentencias C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001. Tales criterios condicionan tanto la definición del tipo penal, como la determinación de la sanción imponible.

De tal manera que una de las principales funciones del Estado es la de crear las condiciones para asegurar al individuo una esfera de libertad y protección frente a la violencia de otros individuos que vulneran esa órbita de libertad. Para ello en ocasiones debe acudir a instrumentos extremos como el ejercicio del ius puniendi, cuando otros instrumentos menos gravosos en materia de libertades, han resultado insuficientes. Sin embargo, esa potestad no se presenta como plenamente discrecional, hallándose sujeta a los límites constitucionales ya indicados.

Para el efecto es preciso apelar a algunos conceptos de la dogmática jurídico penal, particularmente a lo que se entiende, en este ámbito, por delitos especiales. Se trata de una categoría caracterizada por que sólo puede ser autor de ese tipo de ilícitos quien reúna determinada cualidad, que generalmente consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que algunos autores proponen hablar de delitos de infracción del deberCfr. Roxín, Claus, “Derecho Penal, parte general”, Tomo II, Ed, Civitas, 1992, pags. 337, 338 Desde este punto de vista puede ser autor de estos delitos, el que infrinja su deber especial derivado, por vía de ejemplo, de una posición oficial (servidor público), o de una condición particular como la de médico, apoderado o mandatario, etc.

Aunque la mayoría de los tipos penales especiales utilizan la expresión “el que” o “quien”, en ocasiones la conducta lleva implícita una violación de un deber especial por lo que la cualificación del sujeto no depende necesariamente de la expresión usada para designarlo, sino de la naturaleza de la conducta en cuanto comporta la violación de un deber especial, de aquellos que exige la necesidad de tutela del bien jurídico implicado en el tipo.

De otra parte, la relevancia práctica de los delitos especiales radica fundamentalmente en la delimitación del ámbito entre autoríEs autor quien realice la conducta punible por sí mismo, o utilizando a otro como instrumento (Art.29 inc. 1° C.P.). y participacióSon partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. (Art. 30 C.P.), en orden a establecer las repercusiones que tienen las calidades personales especiales para efectos de la punibilidad.

De los insumos teóricos antes reseñados se pueden sacar dos conclusiones que interesan a este análisis. De una parte, que técnicamente no es posible hablar de que el hurto de hidrocarburos cometido por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pueda erigirse en un delito especial en cuanto que el mismo no comporta la infracción de un deber por parte de los actores, que tenga relevancia para el reforzamiento de la tutela de los bienes jurídicos que el tipo protege. Y de otra, que la cualificación del tipo, tal como lo reclama la demandante, podría tener repercusiones en el ámbito de la autoría, para establecer quien podría tener la calidad de autor en sentido dogmático, pero no excluiría que terceros, es decir personas no pertenecientes a grupos armados ilegales, que incurran en la conducta descrita dentro del contexto que la norma plantea, pudiesen ser incriminadas por este ilícito por la vía de la participación (determinadores y cómplices), conforme a las reglas que la regulan .

En el derecho penal contemporáneo, el punto de partida para su legitimación radica en que no puede existir conminación penal que no proteja uno o más bienes jurídicos, los cuales a su vez deben tener soporte constitucional. De suerte que no es posible tutelar por la vía de la conminación penal, intereses jurídicos que no posean un claro referente en la Constitución. Lo que desde luego, no implica que todos los valores, principios o derechos de la Constitución deban ser protegidos en éste ámbito. Corresponde al legislador, en desarrollo de la política criminal determinar los bienes jurídicos que ameritan la protección extrema y subsidiaria que brinda el derecho penal.

Tal como se establece de los antecedentes de la ley en que se inserta la norma demandada, los bienes jurídicos que a través de ella se protegen son el orden público y la convivencia pacífica (Art. 2° C.P.), la economía nacional (Art. 32 C.P.) y el medio ambiente (Art. 79 C.P.9), bienes jurídicos que tiene un evidente respaldo en la Constitución. Desde luego que la legitimidad de las conminaciones penales para la protección a estos valores constitucionales colectivos e institucionales, está condicionada a su vinculación con el deber del Estado de crear condiciones propicias para que los individuos se puedan desarrollar en un ámbito de libertad. No en vano el artículo 1° de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la ley parcialmente demandada, establece que las normas que ella consagra “tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundametales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratado internacionales aprobados por Colombia”

De tal manera que cae dentro del amplio ámbito de configuración del legislador, el que a partir de sus propias valoraciones político criminales, establezca un tipo penal autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados orientado a la protección de bienes jurídicos como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, entendidos como condiciones básicas para que los individuos se desarrollen en condiciones de libertad.

En el estado actual de desarrollo de la política criminal no es posible limitar el concepto de bien jurídico a los bienes individuales, en la medida que muchos bienes jurídicos de la comunidad y aún del Estado, resultan imprescindibles para la tutela legal de los bienes individuales, aspecto de particular importancia en un modelo constitucional de Estado que pone el acento en la persona.

Ahora, lo que le está vedado al legislador es desbordar los límites constitucionales que controlan su potestad configuradora en materia punitiva, que tal como lo ha entendido la Corte están determinados por “los derechos constitucionales de los asociados (que) se erigen en límite de la potestad punitiva del Estado, de manera que su núcleo esencial y criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad, constituyen límites materiales para el ejercicio ordinario de esta competencia estatal. Estos criterios se aplican tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible”Cfr. C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001, entre otras..

Como consecuencia de ello, los elementos que conforman la estructura típica del delito deben estar impregnados del concepto de bien jurídico. De manera que no es posible analizar los elementos que conforman el tipo penal (sujeto, conducta, elementos normativos, etc.) de manera aislada y con prescindencia del bien jurídico que la norma pretende proteger, en cuanto que uno y otro concurren a integrar el injusto penal.

Así, el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados establecido por el legislador como un tipo penal autónomo orientado a la tutela de un bien jurídico complejo integrado por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional, el medio ambiente, que propenden por crear condiciones adecuadas para la vida de los individuos, debe ser comprendido y aplicado tomando en cuenta ese propósito específico de tutela que animó al legislador.

Lo que realiza el injusto penal contemplado en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, es el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos que la norma tutela.

Si bien conforme a los antecedentes de la ley, y a los criterios de política criminal que la originan, quienes se encuentran en mayor posibilidad de afectar, a través de la conducta conminada, los bienes jurídicos que la norma tutela, son los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, ello no excluye que personas que no formen parte de esos grupos puedan eventualmente incurrir en comportamientos que se adecuen a la norma, no sólo en cuanto a la descripción típica, sino en cuanto a la idoneidad de la conducta para afectar los bienes jurídicos tutelados.

De manera que lo que coloca en un plano de igualdad a los innominados destinatarios de la norma, no es la calidad a través de la cual actúan, si no la incursión en un comportamiento que tiene la potencialidad de amenazar o lesionar los bienes jurídicos que la norma tutela. Una interpretación que aísle el sujeto activo y la conducta del contenido protectorio de la norma, si podría llevar a aplicaciones inequitativas y desproporcionadas de la ley penal.

Advierte así la Corte que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad, ni es ajena a criterios de proporcionalidad, en razón a que (i) erige en delito autónomo una conducta que lesiona un bien jurídico específico y complejo que se deriva del contexto de la propia ley; (ii) por el carácter pluriofensivo de la conducta estableció unos rangos punitivos que el legislador consideró acordes con el nivel de lesividad de la misma; (iii) el destinatario de la conminación penal es cualquier persona que incurra en la conducta con potencialidad de afectación del bien jurídico tutelado; (iv) establece una causal específica de atenuación punitiva determinada por la menor cuantía; (v) crea una causal específica de agravación punitiva, derivada de la calidad servidor público del sujeto.

El que se haya utilizado una técnica legislativa que prescinde de la calificación del sujeto activo, potencia la idoneidad de la norma para proteger los bienes jurídicos que pretende tutelar, en cuanto que cobija todos aquellos actos, que además de responder a su descripción tengan potencialidad de afectación de los bienes jurídicos específicamente tutelados en el tipo autónomo.

Paralelamente no introduce tratos desproporcionados o discriminatorios, contrarios a la Constitución en la medida que, como ya se indicó, es la realización de una conducta con idoneidad para lesionar los bienes jurídicos específicos que la norma tutela, lo que ubica en un plano de igualdad a los destinatarios de la norma, trátese de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley o de personas que no tengan tal condición.

Tal como se indicó, lo que resulta relevante para la aplicación del tipo penal no es la calidad del sujeto activo, sino la idoneidad de la conducta para lesionar el bien jurídico complejo que la norma tutela. Así, todos aquellos que cometan hechos con esa capacidad lesiva, y que caigan dentro del ámbito descriptivo de la norma, quedarán sometidos a las consecuencias de la misma. De tal manera que a personas ubicadas en una misma situación de hecho – autores o partícipes de conductas cobijadas por la norma y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos tutelados - independientemente de su pertenencia o no a un grupo armado ilegal, se les prodiga el mismo trato.

“4.1. Una de las preocupaciones constantes y permanentes de los gobernantes, es lograr el establecimiento de una convivencia pacífica que permita a todas las personas el ejercicio pleno de los derechos, principios y valores que se consagran en la Constitución Política. En un país en permanente conflicto difícilmente se puede asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paConstitución Política. Preámbulo, por esa razón el legislador ha buscado mecanismos que permitan la efectividad de los valores, principios y derechos que se enuncian desde el Preámbulo de la Carta, a través del único medio posible que en un Estado democrático ello puede ser logrado, es decir, a través de la ley.

“Ante las graves alteraciones del orden público, el legislador ha expedido una serie de disposiciones tendientes a contrarrestar las graves consecuencias de los actos cometidos en esas circunstancias. Así, como se señala en la exposición de motivos de la ley cuestionada, el Gobierno Nacional en el año 1992 declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de 1992, y con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, se adoptaron una serie de medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la convivencia pacífica. Dada la transitoriedad de las mismas, el legislador consideró conveniente extenderlas en el tiempo y, para el efecto, expidió la Ley 104 de 1993 o Ley de Orden Público, con una vigencia de dos años, al cabo del cual se profirió la Ley 241 de 1995, que prorrogó la anterior por un término igual, en la cual se incorporaron algunos instrumentos jurídicos que facilitaran el diálogo y negociación con grupos guerrilleros. Estas disposiciones a su vez fueron prorrogadas y modificadas por las Leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, en las cuales adicionalmente se introduce el concepto de organizaciones armadas al margen de la ley.

“Ante la cercanía del vencimiento de las leyes mencionadas, el legislador atendiendo la importancia de los mecanismos en ellas creados tendientes a la búsqueda de la paz y la convivencia ciudadana, consideró oportuno prorrogarlas y, precisamente, con esa finalidad se expidió la Ley 782 de 2002, mediante la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y se modifican algunas de sus disposiciones.

“Ahora, es relevante recordar que con la expedición de la Ley 418 de 1997 mencionada, se buscó dotar al Estado colombiano de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por ColombiaLey 418 de 1997, art. 1. Para ello, como se explica en la exposición de motivos, la ley tiene dos ejes fundamentales, a saber: i) establecer mecanismos que permitan adelantar políticas de diálogo y reconciliación; y, ii) brindar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento institucional en diversas áreas que se consideran afectadas por el conflicto armado interno que vive el país.

“Entre los instrumentos aludidos, se otorga la posibilidad de controlar el financiamiento de las actividades de las organizaciones armadas al margen de la ley, y, para ello, se tipifica como delito autónomo: el hurto de hidrocarburos y sus derivados, en el Título III, Capítulo III, artículo 96 de la Ley 418 de 1997. Este tipo penal fue prorrogado por el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, con algunas modificaciones, como considerar que también se incurre en dicho delito cuando la conducta se realice sobre naftaducto o poliducto, o cuando el hurto de hidrocarburos se realice sobre plantas de bombeo. Así mismo, se imponen penas específicas para esa modalidad de delito; contempla circunstancias de atenuación punitiva en razón de la cuantía de los bienes hurtados; y, agrava la conducta cuando la misma es realizada por un servidor público. Adicionalmente, fija la competencia para conocer del mismo, en los jueces del circuito especializados.

“Ahora bien, como se sabe, el artículo 158 de la Constitución Política consagra el principio de la unidad de materia, en virtud del cual todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, y contempla como inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Por su parte, el artículo 169 superior dispone que El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido. En ese orden de ideas, el cargo de violación del principio de unidad de materia planteado en la demanda carece de sustento pues, para que dicho quebrantamiento se presente y, en consecuencia proceda la declaración de inexequibilidad, es imperativo que el asunto regulado por la norma que se cuestiona, no tenga ninguna relación de conexidad con la materia dominante de la ley a la cual pertenece. Es decir, cuando el contenido de la norma carezca por completo de una relación razonable y objetiva con la materia dominante de la ley.

“Esta Corporación ha sostenido que la aplicación de dicho principio constituye una manera de racionalizar el ejercicio de la función legislativa, de suerte que se presente una coherencia sistemática de las normas dentro del ordenamiento jurídico, a fin de contribuir al logro de la transparencia en la actividad legislativa, sin que se llegue al extremo de que la aplicación del principio de unidad de materia se convierta en un obstáculo para el ejercicio de esa actividad. Así, en una interpretación ampliamente comprensiva de esa regla, resulta claro que solamente aquellas disposiciones, apartes, segmentos o proposiciones de una ley, respecto de los cuales no sea posible razonable y objetivamente establecer una conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia objeto de la ley, procede la inexequibilidad de la norma.

“Analizadas con detenimiento las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, se deduce sin duda alguna que la finalidad de la norma (interpretación teleológica), fue adoptar mecanismos tendientes a garantizar el orden público en el país, facilitar la realización de diálogos y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley. Para ello, se consideró indispensable el establecimiento de unos instrumentos que faciliten la realización de dichos propósitos. En ese sentido, se constata que existe una relación sistemática y teleológica entre el artículo 44 acusado, con el estatuto normativo al cual pertenece. Ello es así, en tanto se trata de un tipo penal con el cual se persigue mermar o restringir el alto grado de financiamiento que los grupos armados al margen de la ley derivan de dicho delito. Es decir, se trata de una disposición que se aviene con el propósito y la finalidad sociológica de la ley a la cual pertenece, razón por la cual no prospera el cargo por vulneración del principio de unidad de materia.

“5.1. El cargo de violación de la regla de unidad de materia, a juicio de la Corte, equivocadamente planteado, formula en realidad un cuestionamiento sobre la indeterminación del sujeto activo del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, que en concepto de la accionante, lo torna en violatorio del principio de proporcionalidad e igualdad, en tanto permite su aplicación a personas distintas de aquellas que integran grupos armados organizados al margen de la ley, como podría ser el caso de la delincuencia ocasional, distorsionando por completo la finalidad perseguida por el legislador con la expedición de la Ley 782 de 2002, que prorrogó la Ley 418 de 1997.

“El legislador cuenta por mandato constitucional con una amplia libertad de configuración para desarrollar su facultad legislativa (CP. art. 150), para cuyo ejercicio se encuentra sujeto a los límites impuestos por la Constitución Política, entre ellos el respeto por los derechos fundamentales. Significa lo anterior, que en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador no goza de una libertad absoluta, pues para su ejercicio encuentra límites en el respeto de las garantías básicas previstas por el ConstituyentCfr. Sent. C-095/01. En ese orden de ideas, no podrá imponer penas expresamente proscritas por el Constituyente, como la pena de muerte (CP. art. 11), o la imposición de torturas o tratos crueles (CP. art. 12), y, por el contrario debe buscar la realización de los fines del Estado, como mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (CP. art. 2). Precisamente, en relación con los límites a la actividad legislativa del Congreso de la República, la Corte al examinar el Decreto 1900 de 200El Decreto Legislativo 1900 de 23 de agosto de 2002, fue dictado al amparo del estado de conmoción interior decretado mediante el Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002. Su objetivo fue establecer tipos penales relacionados con el hurto, contrabando y depósito de combustibles y hurto de elementos identificadores de combustibles, así como las medidas procesales relacionadas con la captura de combustibles hurgados, depositados ilegalmente o contrabandeados. En el mencionado decreto se estableció el tipo penal objeto de revisión en esta sentencia, el cual fue declarado inexequible mediante la sentencia C-939 de 2002, por considerar que no se cumplían los presupuestos de necesidad y finalidad exigidos por la Ley 137 de 1994. , citando jurisprudencia sentada por la Corte, expresó lo siguiente:

“El Estado Social de Derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento”Sent. C-070 /96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“Del análisis realizado en esta providencia, surge con absoluta claridad que la finalidad perseguida por el legislador con la expedición de las Leyes 418 de 1997 y las que la han prorrogado, entre ellas la Ley 782 de 2002, ahora cuestionada, no es otra que el logro de la convivencia pacífica, la eficacia de la justicia y el logro de la paz. Para ello, el legislador dispuso la creación de mecanismos o instrumentos que le permitan al Estado el control del orden público afectado por el accionar de las organizaciones armadas al margen de la ley, ideando figuras jurídicas que permitan la reconciliación de los colombianos a través del dialogo y la suscripción de acuerdos, o bien tipificando como delito autónomo una conducta que atenta contra bienes jurídicamente protegidos, de la cual las organizaciones armadas al margen de la ley derivan una enorme capacidad económica.

“5.2. Ahora bien, la pregunta que surge es si puede aplicarse el delito especial de hurto de hidrocarburos y sus derivados, consagrado en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, que prorrogó el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, a todas las personas que incurran en el mismo, hagan parte o no de organizaciones armadas al margen de la ley? La respuesta a este interrogante es negativa, veamos las razones:

“Como se vio, la finalidad de la ley es la búsqueda de la convivencia pacífica, la eficacia de la justicia y el logro de la paz, bienes jurídicos que han sido afectados por el accionar de los grupos armados al margen de la ley. Es esa la razón por la cual el legislador ha expedido normas ordinarias especiales como la que se analiza, a fin de contrarrestar el efecto de dichas acciones. Es pues, en ejercicio de sus facultades constitucionales que el legislador puede dictar normas que permitan controlar el orden público, sin que para ello haya de acudirse por el Ejecutivo a la declaratoria del estado de conmoción interior.

“Del análisis precedentemente expuesto se concluye que ha sido especial preocupación del Estado, dictar normas punitivas en relación con el hurto de hidrocarburos y sus derivados, por quienes pertenezcan a organizaciones armadas al margen de la ley, tales como la Ley 418 de 1997, así como los Decretos Legislativos 1900 y 2748 de 200Los citados decretos fueron expedidos por el Gobierno Nacional, al amparo del Decreto de Declaratoria del Estado de Conmoción interior 1837 de 11 de agosto de 2002, los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencias C-939 de 2002 y C-149 de 2003., y la Ley 782 de 2002, cuyo artículo 44, modificatorio del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, es ahora objeto de manera específica del control de constitucionalidad por esta Corte.

“El ámbito de aplicación tanto de la Ley 418 de 1997 como de la 782 de 2002, que la prorrogó y modificó, hace que la interpretación y aplicación de las mismas, quede circunscrita a las finalidades y sujetos a que ellas se refieren. En ese contexto, ha de tenerse en cuenta que el artículo 96 de la Ley 418, modificado por el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, se ubica dentro del Título II “CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY”, Capítulo III, Embargo preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes vinculados a la comisión del delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados, aspecto éste que fue expresamente ratificado por el artículo 30 de la Ley 782 acusada, que dispone: “El enunciado del título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así: Control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

“Así las cosas, a juicio de la Corte, el delito tipificado en la norma acusada sólo puede ser aplicado a las personas que hagan parte de organizaciones armadas al margen de la ley, que realicen la conducta descrita en esa norma con la finalidad de obtener recursos para el financiamiento de la organización armada a la cual pertenecen. Una interpretación distinta llevaría a admitir por anticipado que la agravación punitiva del delito de hurto cuando recaiga sobre hidrocarburos contenido en el artículo 241, numeral 14, de la Ley 599 de 2000, quedó derogado con la entrada en vigencia de la ley 782 de 2002, lo cual no solamente es contrario a su texto expreso (artículo 46), sino que llevaría al absurdo jurídico de concluir que una vez termine la vigencia de la ley acusada (cuatro años), desaparece del panorama jurídico el “hurto de hidrocarburos o sus derivados”.

“5.3. Si el tipo penal consagrado en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, la cual hace parte de la estructura de la Ley 418 de 1997, como se ha visto, solamente puede ser aplicado a los miembros de organizaciones armadas al margen de la leEl artículo 3 de la Ley 782 de 2002, dispone lo siguiente: “El artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:(…)Parágrafo 1°. De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.

, forzoso es concluir que su aplicación a quienes incurran en el delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, con objetivos de distinta índole, es decir, que no hagan parte de dichas organizaciones, resulta violatorio del principio de proporcionalidad e igualdad de trato, como lo sostiene la ciudadana demandante. En efecto, como se ha expresado a lo largo de esta sentencia, la finalidad perseguida por la norma es otorgar al Estado instrumentos o mecanismos que le permitan ejercer un control sobre el financiamiento de los grupos armados al margen de la ley, para contrarrestar la enorme capacidad económica que les permite armarse en su contra afectando la convivencia pacífica entre los colombianos. De ahí, que las penas a imponer a los miembros de dichas organizaciones resulten más severas que la consagradas en la Ley 599 de 2000.

“Es precisamente por ello que no se puede dar el mismo trato jurídico a los sujetos activos del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, cuando incurren en dicha conducta con fines diferentes a los pretendidos por los miembros de organizaciones al margen de la ley, pues en ese caso, el legislador dentro de la política criminal del Estado, ha consagrado como una circunstancia de agravación punitiva esa conducta, para ser juzgada por la jurisdicción ordinaria y no por la especializada.

“Siguiendo esa línea de argumentación, el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, deviene inconstitucional por no haber distinguido entre los sujetos activos que incurren en el delito establecido en esa disposición, teniendo en cuenta su vinculación o no a los grupos armados al margen de la ley, circunstancia que resulta relevante, pues la pertenencia o no a los mismos conlleva de suyo un aumento en la punibilidad del delito. Así, resultaría excesivo aplicar las penas consagradas en la norma acusada a un sujeto activo que incurrió en la conducta delictual con objetivos de distinta naturaleza, en desmedro de su libertad personal, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación penal (Ley 599 de 2000), penaliza como delito contra el patrimonio económico dicha conducta, concretamente como circunstancia de agravación punitiva el hecho de que el hurto calificado recaiga “Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento”.

“Con todo, no puede la Corte Constitucional pasar por alto que la finalidad que se persigue con ese precepto normativo resulta constitucionalmente legítima (la convivencia pacífica, el logro de la paz). Por ello, el tipo penal resulta idóneo para la protección de los principios, valores y derechos constitucionales de los colombianos, pues las penas establecidas en la norma cuestionada, a diferencia de las consagradas en el Código Penal, permiten la inmovilización de los autores del delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados, con el objeto de evitar que se continúe con esa actividad delictual. Así mismo, se impide que los autores o partícipes de ese delito logren la extinción de la acción penal con el pago de la indemnización de los perjuicios ocasionados; o, que el procesado pueda obtener los beneficios de detención domiciliaria o de la ejecución condicional de la pena y de libertad provisional respectivamenteCfr. C-149/03.

“En ese orden de ideas, encuentra la Corte que la norma acusada es un instrumento creado por el legislador para garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (CP. Preámbulo, art. 2), es decir, tiene una finalidad legítima cual es la de contrarrestar la actividad de las organizaciones armadas al margen de la ley, controlando su financiamiento. Siendo ello así, acudiendo a los principios de interpretación de la ley de conformidad con las disposiciones constitucionales, y del principio de conservación del derecho, la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 44 de la Ley 782 de 2002. Como se sabe, la interpretación de la ley de conformidad con la Carta Política, impide a la Corte retirar del ordenamiento jurídico una disposición cuando por lo menos exista una interpretación de la misma que se encuentre acorde con el texto superior, ello le permite al Tribunal Constitucional maximizar la efectividad de las normas constitucionales y crea una presunción a favor de la legalidad democráticCfr. C-070/96.”

Por las anteriores razones, como se expuso en la ponencia inicial, a mi juicio debería haber sido declarada “la exequibilidad condicionada del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, bajo el entendido que el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados, tipificado en la norma en cuestión, solamente es aplicable a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley”. No se hizo así por la Corte, existiendo razones suficientes para ello. Por eso salvo el voto.