La Fiscalía General de la Nación capturó en Bogotá a José Luis Poveda Velásquez, un transportador que presuntamente exigió seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) para no denunciar supuestas irregularidades en el manejo de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar de Cundinamarca, llegó hasta la casa de José Luis Poveda Velásquez, ubicada en el barrio Las Ferias en el Occidente de Bogotá. Los funcionarios abordaron al hombre mientras intentaba ingresar su vehículo al garaje y le informaron sobre una orden de captura en su contra por extorsión.

Poveda Velásquez, de 51 años de edad, no atendido las indicaciones y por el contrario, habría acelerado el carro, arrolló a uno de los investigadores y escapó. A pocas cuadras del lugar fue ubicado en el CAI del sector y aseguró que huyó porque creía que iba a ser víctima de un delito.

Aclarada la situación, se hizo efectiva la detención y el hombre fue trasladado hasta Soacha (Cundinamarca); allí fue presentado ante juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó cargos por presuntamente exigir una millonaria suma de dinero a los directivos de la empresa (SUMA), operadora del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en localidades del sur de Bogotá y Soacha.

La Fiscalía General de la Nación conoció que José Luis Poveda Velásquez, propietario de algunos buses del sistema y socio minoritario de SUMA, al parecer, increpó a los directivos de la empresa al término de una reunión y presuntamente los amenazó con divulgar supuestas anomalías en el manejo de los recursos y contratos relacionados con el abastecimiento de combustible para los vehículos.

Las víctimas señalaron que el transportador los habría presionado insistentemente, por lo que decidieron pagar $100.000.000 en dos cheques de $50.000.000, para configurar el delito de extorsión y así tener elementos para soportar una denuncia ante la Fiscalía.

A través de varias actividades de policía judicial, entre ellas controles a las conversaciones telefónicas, los investigadores constataron las presuntas intimidaciones de Poveda Velásquez y la petición de dinero. De igual manera conocieron que los $6.000.000.000 que habría exigido inicialmente fueron negociados y, al parecer, se fijó un pago final de $4.000.000.000 que debería cumplirse en diferentes cuotas.

Tras la captura de José Luis Poveda Velásquez, socio transportador minoritario de SUMA, la Fiscalía le imputó el delito de extorsión. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros, la cual deberá cumplir en la cárcel La Modelo de Bogotá.

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