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PRIMERA ACUSACIÓN POR VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL


Bogotá, 20 de sept.- Un fiscal de la Unidad Nacional Especializada en delitos Contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, profirió resolución de acusación contra tres personas sindicadas del delito de violación de reserva industrial o comercial.

La investigación se originó cuando la empresa Guirnaldas, especializada en inmortalizar flores, para el mercado nacional e internacional, contrató los servicios del ingeniero Jorge Luis Mesa González, con el propósito de hacer reparaciones y ajustes en su planta industrial.

Días después de finalizado el trabajo contratado, directivos de guirnaldas descubrieron sorpresivamente, que en la calle 29 No 56-17 de Medellín estaba operando una empresa similar, con el nombre de Natural Ways.

Al indagar más por la aparición en el mercado de su nueva competencia, descubrieron que un socio y un empleado de Natural Ways, eran socios del ingeniero Jorge Luis Mesa González, el contratista de las reparaciones y adecuaciones en Guirnaldas.

Acto seguido, los directivos de Guirnaldas instauraron denuncia penal contra los socios de Natural Ways y entregaron a la Fiscalía copia del contrato con el ingeniero Mesa González, donde se comprometió a guardar la confidencialidad y la propiedad intelectual del procedimiento químico e industrial utilizado.

Tras una larga investigación y peritazgo, la Fiscalía inspeccionó la procesadora Natural Ways en Medellín y descubrió que su planta industrial y la materia prima utilizada para la inmortalización de las flores era exacta a la de Guirnaldas.

En las declaraciones y las indagatorias adelantadas por la Fisicalía, se concluyó que el ingeniero Jorge Luis Mesa González reveló los secretos industriales de Guirnaldas a sus socios y empleados para montar el negocio.

La Fiscalía dictó resolución de acusación en contra Germán Eduardo López Urrego, Juan Carlos Jaramillo Gutiérrez y Jorge Luis Mesa González, sindicados del delito de Violación de Reserva Industrial y Comercial, tipificado en el Código Penal, con una pena entre 3 y 7 años de privación de la libertad.

El proceso será remitido a los jueces competentes para que adelanten la respectiva audiencia pública y dicten sentencia.