Bogotá, sep 26.- Ex funcionarios del DAS, acusados de borrar antecedentes a extraditables, también tenían nexos con una red de lavado de activos.

Así quedó establecido en la resolución de acusación de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos formulada contra Rafael Enrique García Torres, exjefe de Informática del DAS, y Ariel José Garzón Estrada, ex funcionario de esa sección.

La investigación, adelantada desde noviembre último, determinó que a través de correos electrónicos, con falsos usuarios, manipularon para suprimir y modificar de la base de datos del DAS antecedentes judiciales. Mediante este sistema los entonces funcionarios también coordinaron el ingreso al país de personas con divisas de procedencia ilícita.

Los investigados, aprovechando su condición de funcionarios del DAS, acudían al aeropuerto El Dorado para colaborar con el ingreso de personas que venían del exterior con dinero no declarado.

El modus operandi de la organización consistía en que desde el exterior les enviaban correos electrónicos con las características morfológicas y formas de vestir de las personas que entrarían al país. Con esa información los exfuncionarios les ayudaban a burlar los controles aduaneros.

Para llevar adelante la actividad delictiva, Rafael García, como jefe de la oficina informática dispuso la creación de dos usuarios con acceso a la base de datos que contiene las órdenes de captura de todo tipo de delincuentes, antecedentes de todos los ciudadanos y movimientos migratorios. Desde allí los ex funcionarios modificaron información de algunas personas que en la actualidad registran antecedentes penales y otras son requeridas en extradición.

La tarea ílicita adelantada por los procesados permitió borrar, mediante falsos usuarios, las órdenes de captura con fines de extradición de Hugo Fenel Bernal Molano, Néstor Ramón Caro Chaparro, Nodier Giraldo Giraldo y Mario Camacho F. Martínez.Igualmente, les fueron suprimidos registros migratorios, en unos casos, y en otros, fueron rebautizados con nombres femeninos.

Con estas actividades no fueron solamente beneficiados extraditables, paramilitares, sino también un número indeterminado de personas comunes que obtuvieron certificados judiciales limpios.

Las investigaciones establecieron que García consignó a terceras personas 100 millones de pesos. Uno de sus giradores fue una de las empresas que surte el software al Departamento Administrativo de Seguridad, que ya está investigado por la Fiscalía.

Por estas actividades deberán responder ante un juez de la República Rafael Enrique García Torres y Ariel José Garzón Estrada, como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, falsedad material en documento público, supresión y ocultación de documento y fraude procesal. García, además, responderá por enriquecimiento ilícito de servidor público y concierto para delinquir.

Los dos procesados están privados de la libertad y pueden apelar la decisión de primera instancia. Así mismo, Ricardo José Cantillo, quien es investigado por su presunta participación en las irregularidades, para la época de los hechos era subalterno de García Torres, está con detención domiciliaria.