Bogotá, 14 de sep. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, advirtió hoy que la ley de justicia y paz es tajante y contundente para evitar "colados" que quieran beneficiarse de las penas alternativas previstas en las normas para la desmovilización de grupos armados ilegales.

En declaraciones al programa Arriba Bogotá del informativo City Tv, Iguarán Arana explicó que la ley prevé beneficios alternativos sólo para miembros de los grupos armados ilegales y la misma ley define que son bloques o frentes de autodefensas y guerilla. Agregó que corresponde a Fiscalía, Gobierno, Corte Suprema y jueces de justicia y paz procurar que se cumpla la ley.

Sobre el anuncio de que 39 guerrilleros serían los primeros beneficiados por la ley, como una jugada del presidente Uribe para restar hombres a las Farc, el Fiscal explicó que "la ley prevé la desmovilización individual, pero no así como así, sino siempre y cuando usted colabore eficazmente para el desmantelamiento" e insistió en que eso muestra que la ley tiene caracter universal y que no es sólo para autodefensas.

A una pregunta de la jefa de redacción del diario El Tiempo, Luz María Sierra, sobre si no se trataba de un cheque en blanco que la ley permitiera a un condenado a 40 años acogerse a justicia y paz y rebajar a ocho años la pena, el fiscal explicó que para obtener esas rebajas una persona debe, entre otras cosas, reparar y además colaborar para esclarecer la verdad.

El fiscal puso como ejemplo el caso del atentado al club el Nogal. "Quremos los colombianos saber la verdad? sí queremos. Pero los condenados por El Nogal deben reparar y esclarecer la verdad.Son ocho años, si quieren, pero si muestran la verdad y desmantelan", precisó el fiscal Iguarán.

Sobre si no resultaba paradójico que por el secuestro del avión de Aires el responsable enfrente una pena de 40 años y los de el Nogal 8, el fiscal concedió que es paradójico o irónico pero que no debe olvidarse que la ley de justicia y paz fue concebida para lograr la desmovilización y en ese orden la reconciliación nacional.

Sobre la situación de "Don Berna", pedido en extradición y con antecedentes de narcotráfico en los años ochenta, el fiscal Iguarán Arana advirtió que la ley es clara en que los fiscales y jueces de justicia y paz sólo son competentes para investigar y juzgar los delitos cometidos "durante y con ocasión de la pertencia al grupo armado ilegal".

El Fiscal general también se refirió a la medida de aseguramiento contra Porfirio Ramirez, secuestrador del avión de Aires y dijo que no es viable hablar de una pena de 42 años en razón de los delitos que se le imputaron y aclaró que, a pesar de la minusvalía fisica del sindicado, puso en peligro la vida de quienes viajaban en el avión y estuvo a punto de provocar una tragedia.