Bogotá, 08 de septiembre.-

Más de un año de seguimientos e interceptaciones telefónicas permitieron el desmantelamiento de una red de traficantes de armas. Hoy 16 de sus miembros están asegurados.

El 10 de agosto de 2004 la Dijin informó a la Fiscalía sobre la posible existencia de una organización dedicada a la venta y compra ílicitas de armas y explosivos.

Días más tarde se efectuaron las interceptaciones de abonados telefónicos. A comienzos de este año se estableció que las conversaciones interceptadas se referían a citas en Bogotá, para la venta y compra de armas de fuego y de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Vinieron más seguimientos, identificaciones e individualizaciones de los presuntos miembros de la red con puntos de contacto en municipios de Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Tolima y Caldas.

Las pruebas recaudadas durante la investigación señalan que los procesados, supuestamente, ofrecían, vendían y traficaban elementos bélicos. Siete de los hoy procesados fueron miembros del Ejército o de la Policía, lo que les facilitaba su acercamiento al Departamento de Control y Comercio de Armas para efectuar trámites. Algunos se desempeñaban como asesores en seguridad.

Tras las capturas a finales de agosto último, un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo aseguró a Hugo Alberto Valencia Vivas, Ricardo León Ramírez, Germán Valencia Gutiérrez, Camilo Andrés Díaz Galindo, José María Moreno Gómez, Pablo Enrique Rubio Lesaca, Nicolás Lavarce Blanco, Faustino Sabogal Martínez, Diego Alejandro Galindo Alvarado, Pedro Luis Basabe Rodríguez, Manuel Guillermo Joya Herrera, Esteban Mariano Niño Avila, José William Olaya Rincón, José Fernando Tafur Rivera, David Durán Arias y Fernando Soto Romero.

Esas personas fueron sindicadas como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego y municiones y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En favor de Humberto Pulido y Amanda Romero el fiscal se abstuvo de imponer medida, por lo que recobrarán su libertad, pero continuarán vinculados a la investigación.